La primera gran decisión de Jorge Rodríguez al frente de la Diputación de Valencia ha marcado la actividad de la institución durante el año que ahora termina, y también la de los ayuntamientos de la provincia, que han activado su maquinaria, demostrando el potencial del municipalismo, para dar respuesta al reto de sacar adelante los centenares de proyectos subvencionados por el Plan de Inversiones Sostenibles, con una partida inicial de 70 millones y un apéndice de 12 para reforzar las actuaciones en los municipios más pequeños.
Rodríguez descubrió un remanente de 72 millones de euros que no habían sido gestionados por el anterior equipo de gobierno y tuvo claro desde el primer momento que ese dinero debía destinarse a mejorar la vida en los municipios antes de que acabara en los bancos, su destino más probable. En apenas un par de meses, esta decisión consensuada con la totalidad del equipo de gobierno de la Diputación, con el PSOE, Compromís, Esquerra Unida y València en Comú, se transformó en 1.200 proyectos de obra que han servido para crear o mantener más de 2.400 puestos de trabajo en las comarcas valencianas.
Los 70 millones de euros finalmente licitados en los 266 municipios de la provincia han servido para mejorar el asfaltado de las calles, las redes de agua potable, las canalizaciones para evitar inundaciones o la accesibilidad de las aceras y los edificios públicos, pero también para rehabilitar escuelas y centros sociales, adecuar instalaciones deportivas o mejorar el equipamiento y los servicios en general de los ayuntamientos y municipios.
En resumen, “actuaciones que escapan del concepto de obras faraónicas de otra época y se centran en resolver problemas reales de los ciudadanos, en muchos casos reivindicaciones históricas de los ayuntamientos que llevaban años sin atenderse, bien por falta de recursos o simplemente por desinterés”, explica el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez.
El PIFS, que a mediados de 2016 tuvo una segunda entrega dirigida a los más de 180 municipios de menos de 5.000 habitantes de la provincia, representa la esencia de los nuevos gestores de la institución, que insisten en la idea de “hacer más con menos” y optimizar al máximo los recursos disponibles. El modelo escogido para la distribución de las ayudas y planes provinciales se basa en “criterios objetivos” y “garantizando en primer lugar las necesidades básicas de los municipios más pequeños, sin discriminar a ninguno en función del color político”, según la vicepresidenta, Mª Josep Amigó.
En palabras de Amigó, “son las corporaciones municipales las que tienen que decidir en qué invierten, y desde la Diputación debemos acompañarles y escucharles para mejorar día a día la eficacia de la gestión con sus sugerencias”. En esa línea se mantiene el equipo de gobierno provincial, como demuestra la aprobación del Presupuesto General para 2017, que refuerza la autonomía de los alcaldes y alcaldesas.
Tanto el presidente como la vicepresidenta coinciden a la hora de señalar que este Presupuesto “es el más municipalista de la historia de la Diputación”, con la inclusión de una aportación de 20,6 millones al Fondo de Cooperación de la Generalitat, que pondrá otro tanto con destino a los ayuntamientos de la provincia, y el aumento de las partidas sociales, con nuevas líneas para el mantenimiento de colegios y centros de día, así como el incremento de la partida para inclusión social.
En cifras globales, los municipios recibirán a lo largo de 2017 más de 75 millones de euros en transferencias incondicionadas, que podrán destinar a inversiones pero también a gasto corriente, “una reivindicación histórica del municipalismo”, según recuerda el diputado de Hacienda, Toni Gaspar. Esas transferencias llegarán a los municipios a través del Fondo de Cooperación compartido con el Consell, con 41,2 millones de euros, y de un Plan Provincial de Obras y Servicios (PPOS) que, al menos, garantiza los 34 millones de los que dispuso el pasado año, y que tratará de incrementarse con el remanente del presente ejercicio.