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La Comunitat Valenciana se convierte en pionera en España al sancionar delitos por enaltecimiento franquista

El pasado jueves una resolución impuso dos multas de 4.000 euros a manifestantes por exhibir simbología franquista

La Comunitat Valenciana se convierte en pionera en España al sancionar delitos por enaltecimiento franquista
14/06/2021 -

La Generalitat Valenciana sancionó hace escasos días con multas de 4.000 euros a dos personas que participaron en la manifestación convocada por el partido de ultraderecha España 2000 el 12 de octubre de 2020. Es la primera vez que esta administración autonómica impone multas por el incumplimiento de la prohibición de exhibir públicamente elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas. Esto está considerado como una infracción grave de la Ley de Memoria Democrática valenciana.

Sin embargo, el proceso no ha sido ni sencillo ni rápido. La sanción ha llegado tras las alegaciones de las personas multadas que afirmaban que sus actos “no son constitutivos de delito, así como la bandera con el águila de San Juan no es ni preconstitucional ni anticonstitucional”. La resolución final concluye que el escudo exhibido es franquista (en vigor entre 1938 y 1977), por lo que “es contrario a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas”, de acuerdo con la ley de la Generalitat.

Aplicamos la ley porque se vulneraron los artículos 39 y 40. No están permitidos los actos de exaltación y enaltecimiento del franquismo y la humillación de las víctimas en la vía pública”, explicaba a el diario El País Rosa Pérez Garijo, consejera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat valenciana.

“Hemos podido certificar y comprobar que hubo una exhibición de símbolos franquistas, contrarios a la memoria democrática y hemos aplicado el régimen sancionador para que no quede impune. Y vamos a actuar así ante posibles manifestaciones de este tipo. Por eso pedimos la colaboración de todas las instituciones y que siempre se identifiquen a los participantes que exhiben estos símbolos”, añadía la consejera.

Si bien la resolución ratifica la sanción de 4.000 euros a cada una de las personas, esto entra dentro de lo que contempla la ley en estos casos (entre 2.001 y 10.000 euros). “La Generalitat debe evitar la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación de la sublevación militar o del franquismo, u homenaje o concesión de distinciones a las personas físicas o jurídicas que apoyaron la sublevación militar y la dictadura”, recoge la ley.

Durante esta manifestación organizada por España 2000, se exhibieron multitud de elementos contrarios a la memoria democrática y a la dignidad de las víctimas. Por las calles de Benimaclet se pasearon personas exhibiendo simbología nazi, realizando saludos fascistas, llevando banderas de la falange y hasta antorchas. Algo que “convierte dicha manifestación en un acto de promoción y exaltación en público de la dictadura franquista”, indica la resolución.

De igual manera, en cuanto a la exhibición en el transcurso de la manifestación de símbolos franquistas, el dictamen considera que “comporta además una inaceptable difusión pública del desprecio y humillación de las víctimas que a causa de la defensa de los valores democráticos fueron objeto de un largo historial de terror, persecución y eliminación por parte de la dictadura franquista”.

Esto “añade un perjuicio a la dignidad de las víctimas y a la de sus familiares en forma de ofensa pública, circunstancia que por aplicación del principio de proporcionalidad en la imposición de las sanciones necesariamente debe operar como agravante de la sanción y en aras a la prevención de futuras conductas de igual contenido”.

Con motivo de la marcha, la Policía Nacional detuvo a tres hombres acusados de agredir presuntamente a varios agentes. Los arrestados forman parte de las concentraciones de protesta antifascista contra la marcha ultra y por un barrio “libre de odio”.

Estas sanciones se conocen tres días después de que se hiciera público el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Memoria Democrática, que avala en líneas generales el anteproyecto del Gobierno, aunque cuestiona algunos de sus aspectos clave, como la ilegalización de las fundaciones franquistas.

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