El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante ha dictado una aclaración a su requerimiento a la Conselleria de Sanidad para que provea de material de protección necesario ante el coronavirus a los sanitarios de la provincia, en la que especifica que la administración debe entregar esas medidas una vez las tenga recibidas y los productos estén testados en cuanto a efectividad y listos para su distribución.
Así lo ha asegurado este miércoles la consellera de Sanidad, Ana Barceló, en la rueda de prensa para informar de la evolución del Covid-19 en la Comunitat Valenciana, en la que se ha referido a este requerimiento judicial, que el propio órgano ha aclarado a petición del Sindicato Médico de la Comunitat Valenciana (CESM-CV), que planteó esta demanda para reclamar el material de protección a los facultativos.
La demanda fue estimada parcialmente por el juzgado. En Castelló y València el sindicato también acudió a los tribunales por este mismo motivo. En el caso de la capital del Túria, Barceló informó ayer que el órgano judicial correspondientes les había citado a una vista el próximo viernes porque no se les había concedido el trámite de audiencia preceptivo antes de adoptar la medida de ordenarles en el plazo de 24 horas dar el material a los médicos.
Al respecto, la consellera ha especificado este miércoles que el sindicato CESMCV pidió al juzgado una aclaración para determinar ese espacio temporal y que explicara a qué se refería con "el menor tiempo posible" para realizar la entrega.
Ahora, este órgano ha resuelto que ese espacio temporal "consiste en el momento inmediatamente posterior a aquel en que la administración demandada tenga en su poder el necesario material solicitado por el CESMCV con la única dilación posible del tiempo necesario para contrastar que el material es adecuado y testado en cuanto a efectividad y en el tiempo necesario para la distribución desde el lugar recibido hasta la entrega a los sanitarios".
El Juzgado de lo Social número 6 de Alicante accedió parcialmente a la petición de CESMCV y requirió a la Conselleria a que provea "con carácter urgente y en el menor tiempo posible" a todos los centros sanitarios de la provincia de Alicante de batas impermeables, mascarillas FPP2, FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos a fin de garantizar la salud y protección de los profesionales sanitarios que luchan contra el coronavirus.
El sindicato había pedido que la entrega se hiciera en 24 horas y el juzgado aceptó la solicitud --aunque sin especificar un plazo concreto de tiempo que ahora aclara-- al entender que es "evidente" que existe la obligación general de suministro, "incluso urgente", de Equipos de Protección de los trabajadores (EPI) a todos los profesionales sanitarios, así como a cualquier otro profesional implicado en la atención a terceros para evitar el riesgo de contagio.
No obstante, el juez advertía de que esta obligación está "condicionada" al estándar de lo que sea "razonable y factible" y a que los procesos estén bajo el control de Sanidad. Con todo, entendía que las medidas de prevención son "absolutamente necesarias" para que los médicos y titulares sanitarios puedan desarrollar sus funciones de atención y cuidado del paciente con unas mínimas condiciones de seguridad con el fin de evitar el riesgo de ser contagiados o de incrementar el contagio.