La Conselleria de Justicia ha puesto en marcha la creación de Jefaturas especializadas en violencia de género en las tres provincias de la Comunitat Valenciana. Estas secciones estarán coordinadas por un forense que dirigirá un equipo de médicos, psicólogos, trabajadores sociales y tramitadores que trabajarán para que "la falta de medios no sea la excusa" que justifique el "insignificante" número de informes de evaluación de riesgos que se solicitan en la autonomía.
Así lo ha anunciado este lunes la titular de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo, en un encuentro con los medios para presentar los protocolos de actuación institucional en materia de valoración de riesgos en los casos de violencia de género.
La consellera ha explicado que, tras el caso de la mujer de 28 años que fue tiroteada el mes de noviembre del pasado año por su expareja a las puertas de un colegio de Elda (Alicante), cuando recogía a su hijo, se fijó el "compromiso de revisar los protocolos de riesgo y examinar las necesidades de medios", además de estudiar posibles "problemas de coordinación". Así, se formó un grupo de trabajo compuesto por jueces, fiscales, abogados, médicos forenses y miembros de las Fuerzas de Seguridad que ha plasmado en un informe su diagnóstico y sus propuestas para mejorar los protocolos.
Así, estas mesas de trabajo han detectado "disfunciones" en la valoración del riesgo en casos de violencia de género como el hecho de que los órganos judiciales solicitan "escasos, si no nulos" informes de valoración de riesgo al Instituto de Medicina Legal. Por ello, Justicia ha decidido "reforzar" estas unidades de evaluación para que estén "suficientemente consolidadas" para atender las peticiones de informes. Bravo ha destacado que en 2017 no se solicitó ni un solo informe de evaluación de riesgos en Valencia y Alicante, mientras que este año hay registrados 19 en Valencia hasta el momento.
Con este fin está en proceso la puesta en marcha de Jefaturas especializadas en violencia de género en las tres provincias. En Valencia, estará encabezada por un forense que coordinará un equipo de cuatro médicos forenses --dos con capacitación específica en Psiquiatría Forense y dos con Capacitación en Policlínica y Especialidades--; tres forenses más adscritos a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Paterna, Torrente y Gandia; dos psicólogos para periciales programadas; un psicólogo para guardias; un trabajador social para periciales programadas y un tramitador específico, además de otros cinco médicos forenses que cubrirán las necesidades de guardia.
Con esta dotación de personal, la consellera ha indicado que los juzgados tanto de Guardia como los de Violencia de Género en la provincia de Valencia podrán requerir la presencia de un médico forense las 24 horas del día y "de forma inmediata" para que los jueces puedan contar con el informe de evaluación de riesgos correspondiente ante de tomar una decisión sobre las medidas a adoptar.
En el caso de Alicante, este órgano estará compuesto por el médico forense que dirigirá la sección; dos psicólogos, un trabajador social y un tramitador, mientras que en Castellón, la unidad específica de valoración está en trámite de creación ahora mismo. Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal de Castellón atiende los casos de violencia de género con una dotación provisional de una psicóloga a cargo de las labores periciales de esta índole y, cuando se solicita un informe urgente de valoración del riesgo, lo realiza el médico forense de guardia.
OFICINAS DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS EN TODOS LOS PARTIDOS JUDICIALES
Otro de los compromisos anunciados por la titular de Justicia es el de ampliar la Red de la Generalitat de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) hasta alcanzar el objetivo en 2019 de que haya una en cada uno de los 36 partidos judiciales de la Comunitat Valenciana, que se convertiría en la primera autonomía con una de estas oficinas en la totalidad de sus partidos judiciales.Asimismo, Bravo ha informado de que otra fórmula que haría posible una "mejor coordinación" sería la implantación de órganos comarcales de evaluación de riesgos, que cubrirían dos o tres partidos judiciales, y cuya creación propondrá en los próximos presupuestos de la Generalitat.
JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN VIOLENCIA DE GÉNERO
El informe del Grupo de Trabajo también propone una serie de reformas normativas, como la reforma del Código Penal para que todas las penas por delito relacionados con la violencia de género lleven aparejada la obligación de realización de cursos referidos a la sensibilización en materia de género y se insta a ampliar el número de juzgados exclusivos en materia de violencia de género para que todos los delitos de esta naturaleza sean instruidos por juzgados exclusivos. Además, se aboga por crear la jurisdicción especializada en violencia de género, de igual modo que existe en materia de delitos económicos o corrupción, ha señalado la consellera.En cuanto a medidas dirigidas a la Generalitat, los expertos proponen incrementar la formación especializada de todo el personal que presta su función en fiscalías u órganos judiciales con competencia en violencia de género, además de la potenciación de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) o la ampliación de la red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD).
Las propuestas para el Ministerio de Interior son la creación de grupos especializados en violencia de género en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad encargados de instruir los atestados o la implantación en los juzgados de las capitales de provincia de oficinas de policía especializadas para atender las denuncias de víctimas de estos delitos, gestionadas por "personal experto en la materia" y por profesionales de las OAVD, entre otras. Al Ministerio de Justicia, asimismo, se le solicita un incremento en el número de fiscales especializados.
Finalmente, también se propone a los Colegios de Abogados la ampliación del número de letrados en los turnos de oficio de asistencia a las víctimas de violencia de género, además de otras medidas destinadas a la mejora de la coordinación entre instituciones, como la creación de Comisiones provinciales integradas por representantes de la judicatura, fiscalía, OAVD, Conselleria de Sanidad, Justicia, Igualdad y Políticas Inclusivas, asociaciones de víctimas de violencia de género y Fuerzas de Seguridad con el fin de propiciar el seguimiento de los casos más graves y unificar criterios.
FORMACIÓN INTERDISCIPLINAR
El documento también apuesta por implementar la formación especializada en materia de violencia de género para jueces, fiscales y personal de Justicia. El objetivo debe ser, apunta el informe, mejorar la formación de manera "interprofesional e interdisciplinar" y, para ello, propone que sea "obligatoria y continua" y con el fin de "incorporar la perspectiva de género" en la justicia.La consellera de Justicia ha destacado que todas estas medidas buscan un mismo objetivo: "No sentirnos fracasados cuando una mujer tiene el valor de denunciar" porque, ha agregado, "cada muerte es un fracaso del sistema".