El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, encargado del control de la estancia de los migrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores ha incoado un expediente en el que comunica al director del centro una serie de medidas que considera procedente adoptar tras el suicidio de un inmigrante interno el pasado mes de julio.
Tras el fallecimiento de este interno, el delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, explicó que el interno se habría visto implicado en una pelea entre dos grupos minutos antes de quitarse la vida. Además, señaló que, como parecía que la atención del otro grupo "se centraba sobre él", fue aislado del resto "para protegerle provisionalmente".
"Se le estuvo vigilando, y en los escasos minutos que pasó entre un control y otro, parece ser que decidió quitarse la vida", apuntó el delegado.
En el auto, del 25 de julio (diez días después del suicidio), el magistrado señala que incoa este expediente de oficio "como consecuencia del fallecimiento en el CIE de València del interno" y destaca que "resulta procedente adoptar una serie de medidas a fin de preservar en mejor forma la vida, integridad, salud y derechos de las personas privadas de libertad presentes en el CIE, extremando así las exigencias para evitar en lo sucedido autólisis, en especial de aquellos internos sometidos a situaciones de aislamiento" o "de aquellos otros que puedan sufrir una especial presión emocional tras verse implicados en incidentes previos".
Aclara el juez en el auto, cuyo contenido adelantó Eldiario, que dichas medidas "no vienen a paliar la falta de normas de prevención y actuación en el centro, dado que existe, desde hace años, un completo protocolo al respecto". Añade que "resulta imposible inhibir con precisión absoluta la acción humana que intenta acabar con su propia vida por su marcada imprevisibilidad", pero dice que "ello no impide, y sí obliga, a que este juzgado actúe en la medida de lo posible para tratar de evitarlas". Por ello, enumera una serie de "criterios mínimos".
Por otro lado, el instructor reprocha que se están observando "incidentes" en el CIE, "incluso huelgas de hambre", que "se dice que se han remitido a este juzgado y que no han sido recibidos". Por ello, considera que este órgano jurisdiccional "carece de un conocimiento de un asunto que debe tener de forma puntual y rápida".
FIJA UN MÁXIMO DE AISLAMIENTO
Entre las medidas propuestas, el juez insta a que, cuando se produzca un aislamiento de un interno para la protección de su integridad "siempre permanezca en dicha celda acompañado por otros dos internos y por el tiempo mínimo indispensable". En todo caso, establece que "jamás debe superar el máximo de una hora improrrogable, salvo que no exista ninguna otra alternativa para preservar su integridad".Además, apunta a que se procederá a un "control permanente" a través de las cámaras del interno aislado en aras a la protección de su integridad física". Insiste el magistrado asimismo en que "todo aislamiento debe ser motivado" y se debe comunicar tanto a este juzgado --con hora exacta de comienzo y finalización-- como al interno la causa de su aislamiento, de modo que pueda presentar "la oportuna queja".
También ve conveniente que "exista siempre en el CIE y para cada concreta situación de aislamiento un solo funcionario policial responsable de la vigilancia y control del aislado", así como que se "deje constancia" de cada aislamiento, "conservando las grabaciones de las cámaras de seguridad durante un año, por si fueran solicitadas". También que en casa aislamiento se comunique las previas situaciones en las que el interno ha permanecido en esta situación y se informe también cada mes las fechas en las que cada interno ha estado aislado.
PREVENCIÓN DE SUICIDIOS
El magistrado insta también al CIE a que, cada comunicación sobre una situación de suicidio, vaya acompañada por un informe médico y que se especifique si ha sido activado el protocolo antisuicidios, además de que cada intento de autólisis se efectúen controles periódicos por parte de los servicios médicos y se actúe de igual modo tras episodios de altercados y agresiones entre internos o a funcionarios.También considera necesario que se evite "en la medida de lo posible" que un interno permanezca en espacios del centro "en el que esté solo o fuera de la compañía de los demás internos" y que, cuando se observe a internos "con una conducta extraña o de decaimiento", se proceda a su evaluación médica para ver si procede activar el protocolo antisuicidios.
El juez recuerda que "la mayor gravedad de las acciones autolíticas han sido como consecuencia de ahorcamientos" por lo que aboga por realizar un análisis de las instalaciones y que la dirección del centro practique "las actuaciones que considere necesarias para tratar de impedir en la medida de lo posible" esta clase de suicidios. La última medida que recoge el auto es que "todas las comunicaciones de incidentes o hechos acaecidos en el CIE deben comunicarse" al juzgado.
CIES NO
Desde CIES NO, han lamentado, tras conocer el contenido de este auto, que "ningún responsable político ni funcionario de mayor o menor rango han asumido la responsabilidad que por acción u omisión tuvieron en la muerte violenta de una persona que estaba bajo la custodia del Estado".El interno que se quitó la vida, asegura esta organización, "fue aislado un día después de que sufriera una paliza a manos de otros internos y permaneció solo en la celda de aislamiento hasta su muerte". "No existe constancia --añaden-- de que los responsables del CIE justificaran la excepcionalidad de esta medida ni de que se lo comunicaran a él mismo y a los juzgados competentes ni de que ningún policía fuera asignado al control de su situación".
Además, aseguran que "a pesar de los evidentes indicios de la situación angustiosa que sufría este interno, no se adoptaron las medidas preventivas que reclama el juez ni se activó el protocolo antisuicidio".
A pesar de estas limitaciones, esta organización afirma que "pudo constatar que una semana antes de la muerte hubo un intento de suicidio y tuvieron que liberar a otro interno por su grave deterioro psíquico", además de que cuatro días después del suicidio, dos chicos se autolesionaron.
"Tampoco se tiene constancia de que la dirección del CIE adoptara algún tipo de medida de prevención en estos casos ni de que informara al juzgado. Por tanto, si el Estado no muestra ninguna voluntad para preservar la vida de quienes tiene a su cargo, la justicia debe asumir su protección ordenando el cierre de Zapadores", concluyen.