El Juzgado de Instrucción número 4 de València ha declarado compleja la causa en la que se investiga a Francisco Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions y hermano del 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, por las ayudas al valenciano.
Así consta en la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que se acuerda declarar compleja la instrucción, lo que significa que la misma tendrá un plazo de duración de 18 meses y podrá prorrogarse por igual plazo o uno inferior a instancia del ministerio fiscal y previa audiencia de las partes.
El juzgado ha adoptado esta medida tras requerirlo la Fiscalía Provincial de Valencia. Así mismo, esta acusación había solicitado una prestación de fianza a la acusación popular, el PP.
El magistrado se ha pronunciado sobre la petición de complejidad, que ha aceptado siendo previsible que la práctica de las diligencias pertinentes para la investigación no vayan a poder practicarse en el plazo de seis meses desde la fecha de incoación de las diligencias previas.
Así, por circunstancias sobrevenidas a la investigación, el juzgado ha declarado compleja la causa por estar pendiente de declarar los investigados --están citados en diciembre-- y por la posibilidad de que surja la práctica de nuevas diligencias.
La causa fue abierta por un posible delito de malversación en mayo de 2019 y parte de una querella interpuesta por el PP por las ayudas al fomento del valenciano concedidas a mercantiles que habrían recibido más de 400.000 euros en subvenciones desde el 2015 "sin ningún tipo de control".
En concreto, en la querella, firmada por la diputada 'popular' Eva Ortiz, se solicitaba el inicio de una investigación penal para analizar la documentación que acreditara la concesión a las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions de subvenciones para el fomento del valenciano, al considerar que "no se cumplían los requisitos exigidos".
También se pedía investigar "las actuaciones arbitrarias llevadas a cabo por parte de Rubén Trenzano y Francisco Puig, que podrían ser constitutivas de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones".
Esta querella se interpuso inicialmente en los juzgados de Vinaròs (Castellón) --ya que las empresas de Francisco Puig están radicadas en la localidad castellonense de Morella-- pero se archivó al considerar que no tenían competencia territorial. Posteriormente, se presentó en València y recayó en el Juzgado de Instrucción número 4, que trasladó de nuevo la cuestión a Vinaròs. Al final, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) acordó que debía quedarse la causa en València.