El Presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez, ha señalado este domingo que el principal objetivo de su gobierno, al personarse como acusación particular en el Caso Taula, es “esclarecer los hechos pero, sobre todo, recuperar el dinero que presuntamente fue sustraído por la trama de corrupción que se investiga”, y en la que estarían implicados, entre otros, el ex presidente de la Diputación por el Partido Popular Alfonso Rus, su jefe de Gabinete, Emilio Llopis, y el ex gerente de Imelsa, Marcos Benavent, el autodenominado “yonki del dinero”, entre otros ex diputados y altos cargos del PP.
Para Jorge Rodríguez, el hecho de que el juez del Caso Taula y la Fiscalía Anticorrupción hayan admitido como acusación particular a Divalterra, y por extensión a la Diputación de Valencia, supone un “reconocimiento” a la estrecha colaboración que desde el primer momento ha prestado la nueva Diputación a los investigadores: “hemos actuado con discreción y prudencia, alejados de los focos, porque era necesario que la institución recuperara la confianza tanto del juez como de la fiscalía, que hasta ese momento se habían encontrado con muchas trabas por parte del anterior equipo de gobierno provincial que, como se ha visto después, tenía mucho que esconder”, ha explicado, Jorge Rodríguez, Presidente de la Diputación de Valencia desde julio de 2015, quien ha añadido que “sin el cambio de gobierno, la investigación del Caso Taula hubiera pasado por serias dificultades.
Rodríguez ha lamentado el daño que los casos de corrupción han causado a la imagen de la institución, hasta el punto de poner en riesgo la continuidad de la empresa pública, en la que trabajan más de 750 trabajadores: “en este año y medio hemos logrado revertir la situación, mantener los empleos en la empresa pública y pasar de acusados a acusadores. Pienso que se ha hecho un buen trabajo”, se ha felicitado el Presidente de la Diputación de Valencia.
En este sentido, Jorge Rodríguez ha destacado que no sólo se ha colaborado con la Justicia desde el punto de vista administrativo, sino que se han destinado cerca de 200.000 euros a “esclarecer la verdad” y pillar a los culpables del supuesto saqueo de las arcas públicas, con la contratación de sendas auditorías forenses que han destripado los ordenadores y la contabilidad de la antigua Imelsa de los últimos años para detectar comportamientos delictivos. “Era nuestra obligación poner a disposición de la Justicia todos los medios a nuestro alcance”, ha insistido Jorge Rodríguez, quien ha insistido en que “no sólo se trata de saber qué ha pasado en la casa, que también, sino sobre todo que el dinero defraudado vuelva al lugar de donde nunca debió salir y se recupere para servir a los valencianos y valencianas”.