Los promotores del centro de ocio de Paterna (Valencia) Intu Mediterrani estudian iniciar la vía penal contra la Generalitat valenciana por los delitos de prevaricación administrativa y falsedad documental ante "las diferentes trabas" de la administración hacia su proyecto y la "amenaza de nueva paralización".
Así lo ha indicado la multinacional en un comunicado, después de que Medio Ambiente haya avisado al Ayuntamiento de Paterna de un posible rechazado al proyecto en los actuales términos planteados por el promotor, ya que considera que el nuevo planteamiento es "análogo" al anterior, por lo que le ha dado un plazo de diez días para presentar alegaciones.
Según explicó la consellera del ramo, Elena Cebrián, el principal escollo está en la solución que propone el proyecto para evitar el barranco d'Endolça y que afecta a la carretera CV-35 y está relacionado con "cuestiones de inundabilidad muy serias".
Para Intu, "la amenaza de esta nueva paralización se suma a los diferentes intentos de entorpecer la viabilidad del centro de ocio que comenzaron con la emisión de un informe desfavorable emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental en 2016, con una demora de dos años y sobre una cuestión ya aprobada, y que han continuado con el Plan de Acción Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (Patsecova) y la reciente modificación del PORN del Túria".
Ante este contexto, el equipo legal de Intu, formado por bufetes nacionales e internacionales liderados por la firma Clifford Chance, estudian nuevas acciones contra lo que consideran "una actuación completamente desviada de la Administración, y de sus responsables".
A su juicio, "las sucesivas trabas impuestas por la Administración pudieran ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa del artículo 404 del Código Penal, así como los posibles delitos de falsedad documental debido a las falsedades contenidas en los múltiples informes y resoluciones administrativas, conforme a lo previsto en el artículo 390 del Código Penal".
Asimismo, estudian iniciar acciones no sólo en vía administrativa, sino también civiles y penales contra la Administración y contra los responsables políticos de las resoluciones administrativas que consideran "tan sumamente cuestionables". "Esta medida se enmarca en las acciones ya iniciadas por Intu sobre los perjuicios sufridos, y se trata de un paso más en las acciones legales emprendidas en defensa de los legítimos intereses de la firma", ha señalado la promotora del proyecto.
En este sentido, Intu ha lamentado que ya "ha agotado todas las vías alternativas", incluida la presentación de un nuevo proyecto en julio de 2018 en el que se recogían "todos los requerimientos técnicos para subsanar el informe medioambiental desfavorable".
"Los sucesivos intentos de diálogo tanto con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como con los responsables de las Consellerias competentes en la tramitación e incluso la solicitud de amparo ante la patronal valenciana evidencian el grado de compromiso de la multinacional con el proyecto que había evitado hasta la fecha emprender acciones legales en la vía penal", ha remarcado Intu.
OLTRA: "ES SU DECISIÓN"
Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha señalado que es "decisión de la empresa tomar las acciones que crea oportunas". "El presidente (Ximo Puig) ya dijo que en la Comunitat se garantiza la seguridad jurídica y que este proyecto se estudia como otro cualquiera", ha remarcado.De este modo, ha explicado que ahora se está en una fase de trámite de audiencia que se incluye dentro del proceso administrativo y que "tiene que ver con el encaje del proyecto en el terreno que se quiere construir".
En este sentido, Oltra ha asegurado que los técnicos de la Conselleria han puesto de manifiesto que existe "un vicio" en el proyecto que "viene determinado por un informe de carreteras" que apunta que "no se ajusta a la legalidad" tal y como actualmente está planteado al mantener "la misma posición" que la primera propuesta --Puerto mediterráneo--, la cual ha recordado que ya recibió un informe desfavorable en 2016.
"Ahora el Ayuntamiento de Paterna tiene diez días para presentar alegaciones y, después, ya se hará la resolución", ha indicado Oltra para quien los promotores pueden emprender las acciones que consideren porque "están en su derecho".
En cualquier caso, ha señalado que alrededor de los procedimientos administrativos también hay "pronunciamientos políticos" como han hecho diferentes municipios valencianos como Godella, Rocafort, Alaquas, Burjassot, San Antonio de Benagéber, Manises, Bétera o Xirivella que "se han manifestado en contra", como también lo han hecho organizaciones del pequeño comercio y existen informes técnicos que "plantean la saturación de los grandes centros comerciales dentro de la provincia de Valencia", ha zanjado.