Declarar la Emergencia Climática, intención de favorecer el pequeño comercio y de incentivar el consumo de proximidad y temporada. Algo reñido, según el Govern del Botànic, con el proyecto de Intu Mediterrani; un macrocentro comercial que transformaría 1,5 millones de metros cuadrados de zona forestal en cemento. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), de momento, ha dado la razón a la compañía inversora respecto a la paralización de la Generalitat; PP y Ciudadanos lo celebran -a la vez que dicen apoyar el pequeño comercio-, mientras que la Conselleria competente recalca su intención de impedirlo.
El TSJCV hizo público, el pasado viernes, su decisión de anular el informe del Consell por el que se denegaba, desde 2016, la propuesta del Plan de Actuación Territorial Estratégica (ATE) ‘Port Mediterrani’, el comentado centro comercial situado en el término municipal de Paterna. Un proyecto que se ha encontrado con el rechazo de el pequeño comercio a través de Confecomerç, la Administración Pública Valenciana, Compromís, Podem y diversas asociaciones civiles como Decidim, Democràcia en Verd o Per l’Horta.
El proyecto de Intu Mediterrani, promovido por una gran inversora británica, inició los contactos para llevar a cabo la construcción con el anterior gobierno popular de la Comunitat, en 2012, con el que encontró una mayor sintonía. Sin embargo con el siguiente, el primero del Botànic, no fue igual. La primera redacción del proyecto, de 2016, se rechazó por varios motivos, tanto ambientales -la destrucción y recalificación de una zona forestal- como legislativos; no respetaba la distancia mínima de 100 metros respecto a la carretera CV-35.
"Condiciones, restricciones y determinaciones"
La paralización, sin embargo, no era definitiva; la empresa podía presentar alegaciones y la Conselleria de Medio Ambiente, ahora dirigida por Mireia Mollà, debe dirimir que se cumple todo lo pertinente en cuestiones medioambientales. Sin embargo la postura oficial de las consellerias es, en definitiva, paralizar un proyecto que se enfrenta con la declaración de Emergencia Climática.El TSJCV ha anulado dicha paralización porque considera que la resolución de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, del vicepresidente segundo Rubén Martínez Dalmau, es insuficiente para dicho freno. Así, el Tribunal apunta a que las "16 cuestiones" apuntadas en el informe no son suficientes para "denegar totalmente la actuación", pero sí "para imponer condiciones, restricciones y determinaciones" a la empresa.
Dalmau, sólo un día después, dejó clara su postura: no se debe autorizar la construcción de Intu Mediterrani. En unas declaraciones a la cadena SER, el vicepresidente recordó que la Generalitat decretó la Emergencia Climática, que lleva aparejada algunos compromisos y actuaciones. Así, encuentra una incompatibilidad en aprobar un proyecto que "va a convertir en cemento uno de los pulmones verdes de la ciudad".
"Injustificada"
Entre los argumentos de la empresa para vender su proyecto esta la inversión, de unos 860 millones de euros pero, sobre todo, el empleo. Según asegura la empresa, el proyecto daría cabida a 5.000 puestos de trabajo una vez puesto en marcha, y a unas 3.000 durante la construcción del espacio.Estas razones, sin embargo, no son suficientes para muchas entidades. Desde Compromís per Paterna creen que estas promesas son en realidad "un traje a medida para cuatro amiguitos, para que se hagan todavía más ricos", a costa de la destrucción de paraje natural. Apuntan, también, que serían los ciudadanos y ciudadanas de Paterna quienes más sufrirían en su calidad de vida si se llevara a cabo, por el aumento del tráfico y la contaminación.
"Un macrocentro comercial que no responde a ninguna necesidad, sobre un paraje natural y en una zona comercialmente saturada". Así resume el proyecto Àngela Ballester, diputada de Podem en las Corts Valencianes. También la asociación ecologista Democràcia en Verd rechaza el proyecto, y reclama a la Generalitat que anuncia un recurso contra la sentencia del TSJCV. Destaca el riesgo de que se "destroce" uno de los pocos "pulmones verdes que quedan en el área metropolitana de València" por un proyecto "heredado de la etapa negra del PP".
Es precisamente el PP, junto a Ciudadanos, uno de los pocos organismos que ha celebrado la decisión del Tribunal. Según Elisa Díaz, portavoz de Medio Ambiente del partido en las Corts, esta es una "nuva sentencia contra la imposición" del "sectarismo" del Botànic. Una línea parecida llevan desde Ciudadanos. Su líder, Toni Cantó, tilda de "bloqueo" por "motivos ideológicos" la posición del gobierno valenciano respecto a Intu Mediterrani: "Esto va a tener grandes consecuencias, como la no creación de miles de puestos de trabajo". Una postura que parece no estar reñida con la que mantenían, a su vez, en la anterior campaña electoral, de "apoyo al pequeño comercio". Desde Ciudadanos apuntan que ambas fórmulas "son compatibles" porque son "formas de consumo diferentes", que aportan cosas distintas: "Consideramos que para garantizar la coexistencia de ambos, las administraciones tienen que apostar por una planificación territorial adecuada".
Incompatibilidad
CiudadanosLa Confederación de Empresarios del Comercio de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), como representante del pequeño comercio valenciano, ha dejado clara su postura: rechazo al proyecto por la "saturación comercial e impacto ambiental". Creen que no es "conveniente ni necesario" sumar un centro comercial más a los ya existentes, tanto por el "daño" que provocaría al "tejido empresarial del comercio valenciano" como al medio ambiente.
La creación de nueva grandes superficies comerciales y, a su vez, apoyar al pequeño comercio, resulta complicado con los datos estadísticos actuales. Según la Confederación Española de Comercio, las ventas del pequeño comercio cayeron el pasado año un 2,5%; las cadenas 'pequeñas' aumentaron un 2,5% y las grandes superficies, como Intu, aumentaron un 5,4%.