La Guardia Civil ha intervenido más de 3.300 test rápidos de Covid-19 que iban a ser vendidos de forma ilegal en varias localidades de la provincia de Valencia. Asimismo, en el marco de esta operación, llamada 'Cherpi', se ha procedido a la investigación de tres personas --dos hombres y una mujer con edades comprendidas entre 39 y 47 años-- por un delito contra la salud pública.
La investigación se inició tras conocer por medio de una empresa farmacéutica que se estaban realizando sin autorización test rápidos del Covid-19 en una ferretería de la localidad de Pobla de Vallbona y en un bazar de Manises.
Por tal motivo, los agentes de esta realizaron una inspección en dicho establecimiento, comprobando que en la trastienda se encontraba una bolsa con una caja de test de Covid-19 junto con diferentes utensilios para su uso. Igualmente, se pudo observar que algunos de los test habían sido utilizados anteriormente.
Por todo ello, la Guardia Civil procedió a la aprehensión de dichos objetos y posteriormente a la investigación del responsable del establecimiento por un supuesto delito contra la salud pública.
De las investigaciones realizadas se pudo comprobar que esta persona contaba con un contacto y varias empresas que le ofertaban la compra de los test rápidos.
INSPECCIONES
Con la documentación que aportó el primer investigado y las gestiones realizadas por los agentes, se han llevado a cabo varias inspecciones en establecimientos y empresas, ubicadas en las localidades de Pobla de Vallbona, Paterna, Catarroja, Torrente, Manises y Valencia, junto con técnicos-inspectores de Sanidad, aprehendiendo más de 3.300 unidades de test rápidos Covid-19 de diversas marcas.De dichas inspecciones se detecto que las empresas ubicadas en las poblaciones de Catarroja y Paterna son las que abastecían al bazar de Manises y la ferretería de Pobla de Vallbona que las vendían de forma fraudulenta.
La operación ha sido llevada a cabo por el Área de Investigación de la Guardia Civil de la Pobla de Vallbona (Valencia). Los investigados y efectos incautados fueron puestos a disposición del Decanato de los Juzgados de Lliria (Valencia).