Una representación de Intersindical Valenciana ha mantenido una reunión con la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, para presentarle propuestas sobre la función pública valenciana, entre las que se incluye que los funcionarios de los niveles A1, A2, B y C1 tengan que acreditar el nivel C1 de valenciano; los del grupo C2, el nivel B1; y las agrupaciones profesionales funcionariales, el certificado de B2.
Según ha indicado el sindicato en un comunicado, para Intersindical es necesario "potenciar los servicios públicos para garantizar los derechos de las valencianas y valencianos en materias como por ejemplo educación, sanidad, servicios sociales, transporte, dependencia", por lo que han apostado por "revertir totalmente los recortes, aumentar las plantillas del personal, consolidar los puestos de trabajo de personal interino, avanzar en la profesionalización de las administraciones públicas, mejorar los salarios, impulsar la negociación colectiva y valencianizar la administración".
Es por eso que Intersindical ha pedido que la tramitación de la Ley de la Función Pública "se dinamice" y "se dé cumplimiento al acuerdo firmado la pasada legislatura, y se articule un proceso de negociación para implementar las medidas propuestas".
Esta negociación, apuntan desde el sindicato, "tiene que ser inclusiva, contar con todas las organizaciones sindicales con presencia en el sector, sin exclusiones, para garantizar la pluralidad sindical y el respeto al voto del personal que trabaja a la Generalitat Valenciana".
Por otra parte, Intersindical Valenciana ha trasladado a la consellera Bravo "la necesidad de la regulación real de la competencia lingüística para el acceso a la función pública valenciana".
Asimismo, "excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, si hay necesidad de personal y este no dispone de la competencia lingüística acreditada, prevalecerá la garantía de la debida prestación de los servicios públicos, en los términos que se determinan reglamentariamente", señalan en su propuesta de redacción.
Según Intersindical, la consellera Bravo se ha comprometido a "mantener la competencia lingüística para el acceso a la función pública valenciana, a trasladar la Ley de la Función Pública Valenciana a las Cortes Valencianas con rapidez y al desplegar el reglamento para garantizar su puesta en marcha y aplicación lo más bien posible".