Intersindical Valenciana exige al Gobierno "el cierre de los centros de producción no esenciales" para frenar el avance del coronavirus y el establecimiento de medidas de protección a las personas vulnerables y a los trabajadores y trabajadoras afectados por las regulaciones de la ocupación mediante un "Plan de Choque Social".
El sindicato manifiesta, en un comunicado, que "los efectos de esta nueva crisis no los tienen que pagar las trabajadoras y trabajadores ni los sectores sociales más desfavorecidos" por lo que exigen "medidas inmediatas y reales para evitarlo".
La organización argumenta que, "desde un punto de vista sanitario, si se tiene en cuenta que la primera medida a adoptar para evitar la propagación de una epidemia es el aislamiento de los casos y la cuarentena del contactos o, llegado el caso, de determinados territorios (como ya han hecho en otros países), parece que las medidas de limitación de la libertad de circulación de las personas se tienen que extremar para evitar la expansión del coronavirus".
"Las limitaciones de la movilidad están básicamente referidas a los desplazamientos de carácter personal relacionadas con el ocio o con el suministro de productos no esenciales; paradójicamente, sin embargo, no se limitan los desplazamientos por razón de trabajo, ni se decreta el cierre de los centros de producción de bienes y servicios no esenciales, excepto el comercio, como si el riesgo de contagio en los centros de trabajo fuera inexistente", apuntan.
Para Intersindical, esto "cuestiona que por parte del Gobierno haya una intención clara de tomar medidas contundentes para evitar el progreso de la epidemia y proteger, por encima de cualquier otra consideración, la salud de la comunidad".
"Se hace mucho de énfasis en el compromiso y la responsabilidad individual en la contención de los contagios, al descargar sobre la ciudadanía el peso de la lucha contra la epidemia, pero poco en la responsabilidad colectiva de los poderes públicos con la prevención", lamentan.
Por otro lado, y ya en el terreno de las consecuencias sociales y económicas de la crisis sanitaria, Intersindical cree que "todo apunta a que la prioridad del Gobierno es garantizar la sostenibilidad del sistema de producción con medidas de apoyo económico a la actividad empresarial, de mantenimiento de la fuerza del trabajo o, de ser necesario, por la flexibilización del despido, mientras que, en contrapartida, no vemos ninguna medida especial de cariz social que ayude a los colectivos más vulnerables o los trabajadores y trabajadoras afectados por el cierre del comercio minorista o quienes resultan afectados por expedientes de regulación de la ocupación, sea temporal o definitiva".
Por todo ello, el sindicato reclama que el Ejecutivo central declare "los servicios mínimos en toda la actividad productiva, para garantizar las actividades esenciales y estratégicas y que, además, y un Plan de Choque Social para abordar la situación de las trabajadoras y trabajadores, de los sectores sociales más vulnerables y de todas las personas que están sufriendo los efectos de esta triple crisis: sanitaria, social y económica".
Finalmente, desde la Intersindical Valenciana hacen un llamamiento a los trabajadores para que estén "vigilantes para evitar situaciones que vulneran sus derecho a la salud y la seguridad laboral y sus derechos laborales". En este sentido, recomiendan que se mantengan en contacto con delegados de prevención y sus representantes sindicales para garantizarlo.