Intersindical Valenciana ha anunciado que sus servicios jurídicos estudian la "presentación de recursos en contra de las cuatro sentencias conocidas estos días" que anulan parcialmente el Decreto 6/2017 que regula el uso del castellano y del valenciano en la administración pública autonómica. Además, ha avanzado que estudia convocar movilizaciones en rechazo a estas decisiones judiciales por su "componente claramente político".
Así lo ha explicado el sindicato en un comunicado, tras conocerse las sentencias notificadas este viernes a las partes, en las que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo ve contrarios a derecho el artículo 4 del decreto, que considera el valenciano "lengua destacada" sobre el castellano, y el 22, que regula la lengua en la que se redactarán los escritos públicos redactados por la administración.
Intersindical, que está personada en el proceso jurídico en defensa del decreto, ha criticado la "carencia de rigor jurídico" en la anulación parcial. A su juicio, "las sentencias obedecen a un pronunciamiento político más que jurídico, como se puede deducir de una lectura comprensiva" de las mismas.
La organización ha afirmado que el tribunal ha "dictado sentencias contra su propia jurisprudencia consolidada desde 2004, donde admiten que el nombre de la lengua puede decirse catalán o valenciano y que esto está de acuerdo con la legislación".
Asimismo, ha criticado que el TSJCV "también ha omitido la sentencia 75/1997, de 21 de abril, de Tribunal Constitucional. Un hechos que ponen en evidencia la carencia de rigor jurídico de las cuatro sentencias", ha añadido.
"QUIEREN CIUDADANOS INCOMPETENTES"
El sindicato ha recriminado además el "uso partidista de la lengua" por parte del gobierno del expresidente Mariano Rajoy, "que usó la abogacía del estado por recurrir el decreto", así como por parte de los "diputados del PP que presentaron recurso y de las dos entidades contrarias al valenciano que también lo han hecho".Para Intersindical, "unos y otros atacan al valenciano y a los valencianos, hablen la lengua que hablen", y quieren "ciudadanos incompetentes e incapaces para expresarse en una de las dos lenguas oficiales", además de una "administración monolingüe, sólo en castellano, vulnerando los derechos lingüísticos de los 4,96 millones" ciudadanos de la Comunitat.