Intersindical Valenciana ha advertido este lunes que no tolerará "más demoras en la tramitación de la nueva Ley de Función Pública ni en la aplicación de la capacitación lingüística" exigible al personal al servicio de la administración autonómica.
En un comunicado, el sindicato ha criticado el "retraso injustificado" en la elaboración y tramitación de esa nueva ley, que "deja patente la falta de voluntad política de un sector del Botànic para conseguir la normalización lingüística, manteniendo la actual situación de discriminación hacia las personas que se expresan en valenciano".
"Parece que el proceso de gestación de la nueva ley ha estado y está lleno de obstáculos, unas veces explícitos y otras inconfesables, de manera que, sorprendentemente, cuatro años después de que se asumiera el compromiso por la consellera Gabriela Bravo sigue sin ver la luz", ha señalado Intersindical.
Eso, ha continuado, les hace pensar que "no se trata de problemas técnicos o de procedimiento", sino "de fondo" y radica en la introducción del requisito lingüístico para los empleados públicos que contempla el anteproyecto de ley.
"Por lo que ha trascendido, parece que ahora el escollo está en qué consellerias deben participar en la elaboración del reglamento que debe desarrollar los artículos referentes a la capacitación lingüística", han indicado las mismas fuentes, que han incidido en que en ese reglamento se verá si el requisito "es real o solo una declaración de buenas intenciones" porque se debe especificar el nivel de cada puesto de trabajo, las prórrogas o, si cabe, las exenciones.
Para Intersindical, la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas y el PSOE "se han sumado al discurso supremacista del castellano, con la elaboración de reglamentos inciertos o la articulación de exenciones de carácter generalista que supondrán, en definitiva, una renuncia a su propio discurso político".
Ahí "molestan las voces más comprometidas con la normalización lingüística y se quiere excluir a la Dirección General de Política Lingüística, que es quien tiene las competencias en la materia, del proceso de elaboración del reglamento", ha agregado.
Para el sindicato, el requisito es "una reivindicación histórica" a la que no está dispuesto a renunciar y hará "todo lo que esté al alcance para que no se deje pasar, una vez más, la oportunidad de hacer efectivos los derechos lingüísticos de las personas que piensan, hablan y escriben en valenciano".