El informe del Defensor del Profesor en la Comunitat Valenciana correspondiente al curso 2018-2019 refleja un "gran incremento" de las faltas de respeto de alumnos a profesores, que suben del 6,25% de las incidencias hasta al 14,47%. Asimismo, el estudio constata un crecimiento, aunque más ligero --del 2,08% al 2,63%-- de las denuncias de las familias a docentes.
El servicio del Defensor del Profesor ha publicado los datos de las intervenciones realizadas con los docentes en relación con la situación de convivencia escolar del curso pasado. Este recurso, puesto en marcha en 2005 por el sindicato ANPE, es un servicio de atención inmediata y gratuita abierto a todos los docentes víctimas de situaciones de conflictividad y violencia en las aulas, recuerda esta organización en un comunicado.
De las actuaciones realizadas por El Defensor del Profesor en el curso 2018-2019, el 48% corresponde a profesorado de Educación Secundaria, el 43% a Educación Primaria, el 6% a Educación Infantil y el 3% a Formación profesional y otros.
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, se distinguen los correspondientes a las faltas de respeto de los alumnos, los relacionados con amenazas y acosos de los padres y los que provienen de la interacción con los compañeros de profesión. Todo ello hace que el indicador de problemas para dar clase, aunque ha disminuido, sigue prácticamente estable respecto del informe anterior.
Sobre los alumnos, la radiografía apunta a un "gran incremento de las faltas de respeto a profesores", que aumentan del 6,25% al 14.47%. Respecto a los padres, aunque disminuyen ligeramente los indicadores de las agresiones, falsas acusaciones, amenazas y acosos respecto del informe anterior, sube el número de las denuncias de estos a los docentes, pasando del 2,08% al 2,63%.
En lo relativo a los problemas relacionados con los compañeros, se observa un aumento en los problemas con equipos directivos, que pasan de un 10,42% a un 14,47% de los casos atendidos. En cuanto al indicador de problemas para dar la clase, se mantienen porcentajes parecidos en el curso actual, aunque baja del 12,50% al 10,53%.
Desde ANPE recalcan que estas situaciones "conllevan un importante coste emocional para el docente, lo que en muchas ocasiones lleva a un deterioro de la salud mental de maestros y profesores".
Llama la atención que la ansiedad producida por estas situaciones, el 88%, en el anterior informe del curso 2017-2018, haya disminuido hasta el 53%, en favor del aumento de las bajas y depresiones de los docentes, del 6% al 22% y del 6% al 8% respectivamente en el curso 2018-2019. En este sentido, el sindicato advierte que las bajas laborales "generan un coste para la administración y una modificación de la propuesta pedagógica para los alumnos".
"Es necesario que la sociedad en su conjunto tome conciencia de la situación de conflictividad que se vive en las aulas. La Administración Educativa debe ser cada vez más consciente de que la convivencia escolar es un elemento de primer orden para el buen funcionamiento de la comunidad educativa", subrayan.
"NORMAS CLARAS"
ANPE considera "prioritario" el establecimiento de unas "normas claras que regulen esta convivencia escolar y que acaben con las inaceptables conductas hacia una profesión de este calado social, favoreciendo una verdadera interiorización de valores, actitudes y normas en los alumnos y en el conjunto de la sociedad".En este punto, reiteran la necesidad de elaboración de un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar que debería contar con la activación de un Observatorio de Convivencia Escolar; la "ineludible obligación de informar por parte de los equipos directivos, ante el conocimiento de un hecho que pudiera ser constitutivo de delito; un programa de prevención de acoso escolar y un plan de detección precoz de los problemas de convivencia en los centros educativos y la actualización del Decreto de convivencia, vigente desde el 2008, en la Comunidad Valenciana, con medidas organizativas que corrijan estas situaciones.
Igualmente, instan al establecimiento de protocolos de actuación que sean ágiles, ante agresiones al personal docente de los centros sostenidos con fondos públicos; crear un plan específico de formación del profesorado para la prevención y detección de conflictos relacionados con la convivencia escolar; y ofertar la asistencia jurídica y psicológica gratuita para los docentes agredidos, mediante convenios de colaboración con los Colegios profesionales de abogados y psicólogos, para los profesores víctimas de acoso.