La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha abonado ya las ayudas a la dependencia y a la renta valenciana de inclusión, que llegan a 135.215 familias que, este mes, han cobrado las distintas prestaciones, cuya tramitación se ha garantizado desde que se iniciara el estado de alarma por la pandemia de COVID-19.
Los pagos, que se hicieron efectivos dentro de los cinco primeros días hábiles de mes, tal y como establece el compromiso adquirido por la Conselleria, benefician a 42.213 familias en el caso de la renta valenciana de inclusión y a 93.002 personas en situación de dependencia, que son atendidas a través de un servicio o una prestación económica.
Cabe recordar que la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas garantizó, en el momento en que se decretó el estado de alarma por la emergencia sanitaria del COVID-19, la continuidad y correcta prestación de los servicios públicos desarrollados por la Conselleria, especialmente en las tramitaciones de los expedientes de las ayudas de la dependencia y autonomía personal y de la renta valenciana de inclusión.
Así, en una resolución de la Subsecretaría de la Conselleria se establecieron las labores que tenían que ser presenciales y que afectaban al personal que realiza funciones relacionadas con el pago de la prestación de dependencia, de la renta valenciana de inclusión y otras prestaciones sociales.
Ayudas dependencia
En estos momentos, en la Comunitat Valenciana hay 93.002 personas en el sistema de atención a la dependencia, de las que 66.713 reciben una prestación económica vinculada al servicio residencial, servicio de día o por cuidador o cuidadora no profesional. La nómina abonada por estas prestaciones, correspondiente al mes de marzo, asciende a 27.886.447 euros.Cabe destacar que durante el mes de marzo se registraron 3.907 nuevas solicitudes y se resolvieron 2.412 nuevos expedientes.
Renta inclusión
La renta valenciana de inclusión social beneficia en estos momentos, a través de sus distintas tipologías, a un total de 42.213 personas, que han recibido este mes un total de 14.042.128 euros en las distintas modalidades de renta.Del total, 36.946 destinatarios y destinatarias reciben la modalidad de renta valenciana de inclusión social (RGIS) por un importe de 12.718.928,74 euros; 3.320 son beneficiarios de la renta valenciana por ingresos mínimos (RGIM), por un total de 865.883,73 euros y, por último 1.947 personas la perciben por complemento de ingresos por prestaciones (RCIP), por la cantidad de 457.316,22 euros.
Para agilizar el pago y evitar posibles problemas derivados del estado de alarma por la COVID-19, se optó por adelantar la contabilización de las cantidades a satisfacer a mediados de mes, garantizando así que los pagos se hayan podido hacer dentro de los plazos establecidos.
Hay que recordar que la renta valenciana de inclusión entró en vigor en 2018 con el objetivo de ofrecer una respuesta digna y de justicia a las realidades carenciales, de vulnerabilidad y precariedad. Se concibe como un derecho subjetivo que se concreta a través de una prestación económica o un proceso de inclusión social dirigida a cubrir las necesidades básicas que garanticen la calidad de vida combatiendo la exclusión y la vulnerabilidad social.
Tramitación urgente
Una de las medidas adoptadas por la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para agilizar los procedimientos de ambas prestaciones durante la emergencia sanitaria ha sido realizar por urgencia las tramitaciones de las solicitudes de dependencia en aquellos casos de especial vulnerabilidad, lo que permitirá que las ayudas se gestionen sin necesidad de remitir, previamente, toda la documentación necesaria, que se realizará una vez finalizado el estado de alarma por COVID-19.En estos casos, serán los equipos de atención primaria de los servicios sociales los encargados de detectar esa urgencia y comunicar a la Conselleria aquellas solicitudes de dependencia que deban tramitarse, al igual que lo harán con las peticiones de la renta valenciana de inclusión, que se tramitarán con carácter urgente por la situación de especial vulnerabilidad a raíz de la pandemia.