Ribera Salud ha iniciado su particular batalla judicial contra las políticas de la Conselleria de Sanidad. Desde que el Consell anunciara su intención de no prorrogar la concesión a la compañía en el Hospital de la Ribera, en Alzira, la empresa sanitaria ha presentado 48 recursos contenciosos administrativos contra diversas medidas adoptadas por el departamento encabezado por Carmen Montón.
Todo empezó en el debate de política general que tuvo lugar en septiembre del año pasado, cuando el president de la Generalitat, Ximo Puig, informó de que el departamento sanitario de la Ribera pasaría a formar parte del sistema público de salud valenciano al finalizar la concesión. Esta, adjudicada a la compañía Ribera Salud, termina el próximo mes de marzo de 2018 y el Consell decidió que no la prorrogaría.
Desde entonces, Ribera Salud y sus empresas filiales han presentado un total de 48 recursos, de los cuales 12 fueron interpuestos en 2016 y los otros 36, este año. Esta dinámica se aceleró en marzo, cuando Sanidad anunció oficialmente a la empresa adjudicataria que no prorrogaría la concesión y que este centro pasaría a ser gestionado por la Generalitat el 1 de abril de 2018.
En concreto, tan solo dos de los 48 recursos interpuestos hace referencia a la reversión del modelo Alzira. El resto están dirigidos a otros temas, como la canalización oncológica del IVO, instrucciones internas de la conselleria, resoluciones sobre acuerdos de gestión, varias reclamaciones económicas o sobre designación de unidades de oncología médica.
A pesar de todo, la decisión del Consell de asumir la gestión del departamento de la Ribera permanece intacta. De hecho, en los Presupuestos para el ejercicio de 2018 que se encuentran en tramitación parlamentaria, la Generalitat ya incluyó una partida de 5,7 millones de euros destinados a asumir la atención primaria y especializada y a integrar a todo el personal de este centro sanitario a partir del 1 de abril.