Uno de los retos del siglo XXI será, según han señalado numerosos expertos, la gestión de un bien tan valioso como es el agua y el acceso al agua potable. Este último es, de hecho, un derecho recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si partimos de este derecho general y nos acercamos a la particularidad, son los municipios los que, en España, tienen las competencias para gestionarla. Sin embargo, precisamente la extremada importancia que posee el agua, la convierte en carne de negocio.
Sobre este asunto, hace apenas un mes ponía el acento València Extra, concretamente en el caso de Paterna, donde tres empresas se reparten la gestión del agua: Aigües de Paterna (empresa mixta participada por Hidraqua, del grupo Suez) y Aguas de Valencia (Global Omnium). Allí, la desinformación hacia la ciudadanía provocó que la plataforma cívica H2O Paterna impulsara la creación de la Mesa del Agua para fiscalizar la gestión de estas compañías.
Pues bien, lo que algunos ya califican como "la guerra del agua" contra la privatización de su gestión, que ya ha tenido importantes movilizaciones en determinadas zonas del Estado como Andalucía o Galicia, ha llegado también a Riba-Roja del Túria, donde ha nacido la plataforma H2O Riba-Roja. Denuncia la falta de inversión en infraestructuras y califica la gestión municipal de "negligente" al no fiscalizar debidamente a la empresa que lleva el servicio, Hidraqua.
"Hidraqua ha demostrado en los años que el contrato ha estado en vigor una incapacidad de gestión que queda reflejada perfectamente en la falta de redes de abastecimiento y saneamiento, un servicio que aunque deficiente y pobre, se ha estado cobrando religiosamente", critica la nueva plataforma.
Hidraqua es la actual denominación de la empresa que antes se llamaba Aquagest, involucrada en distintos casos de corrupción como el caso Pokemon, el caso Pikachu o el caso que lleva su nombre, caso Aquagest, a raiz de los cuales acabó cambiándose el nombre en 2013 para hacerse un lavado de cara.
Cuando finalizó la anterior licitación para la cesión del servicio por parte del Ayuntamiento en 2012, el gobierno local de entonces formalizó un nuevo contrato con la citada empresa privada. La nueva licitación, que se realizaba para los 25 años siguientes, fue impugnada por la competencia, Aguas de Valencia (Global Omnium), que denunció la fraudulencia del proceso. Fue en 2016 cuando, a raiz de esto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) tumbó el actual contrato. Esto es, para la plataforma H2O Riba-Roja, otro ejemplo de "cómo las empresas compiten entre sí por el jugoso pastel que representa un recurso tan vital" como es el agua.
Actualmente, el gobierno del PSPV, Compromís y Esquerra Unida, encabezado por el socialista Robert Raga, "evita cumplir su promesa electoral para la recuperación de este servicio por parte del Ayuntamiento y pretende otorgar nuevamente la gestión de una empresa privada", señala la asociación cívica. Podemos presentó una propuesta en septiembre de 2017 para remunicipalizar el servicio, para lo que el primer paso necesario era la creación de una comisión de estudio.
PSOE y Ciudadanos tumbaron esta comisión apoyándose en informes de técnicos municipales que en la plataforma consideran "deficientes e incompletos" porque faltan estudios de viabilidad económica y datos técnicos sobre la gestión privada del servicio. En ese sentido, ven "una intención manifiesta de volver al modelo privado de la gestión, que ha demostrado no ser la solución para los problemas de los vecinos".
En este contexto, H2O Riba-Roja ya ha anunciado movilizaciones en la localidad "para clamar por el derecho a un agua pública y de calidad". "Queremos que el agua se quede al margen de los movimientos privatizadores y vuelva a ser como lo ha sido siempre fuente de vida y salud y no una fuente de corrupción", sentencian. De esta forma, la plataforma H2O ya tiene sede en Paterna, Godella, y Riba-Roja para continuar con 'la guerra del agua'.