Godella afronta con decisión los retos urbanísticos de la legislatura

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Las expropiaciones pendientes en el marco del PGOU de 1990 son algunos de los retos más importantes en materia de urbanismo a los que tiene que hacer frente la corporación del Ayuntamiento de Godella. En la sesión plenaria del mes de septiembre, celebrada el pasado jueves 28, se trataron algunos de estos asuntos.

En primer lugar, se elevó al pleno la propuesta de aprobar el borrador del convenio redactado por el departamento de Urbanismo para la expropiación por mutuo acuerdo de la parcela catastral del número 61 de la calle Constitución, calificada por el vigente Plan General de Ordenación Urbana como suelo urbano y con una calificación de sistema de equipamiento local zona verde Jardín de la Quartella.

El propietario instó en su día la expropiación de la parcela, presentando el informe de valoración de los terrenos que fue contrastado con el del arquitecto municipal. Actualmente, y con el objetivo de evitar un posible recurso contencioso-administrativo, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con el propietario para el pago de esta parcela, que pasará a ser de propiedad municipal. Tanto la alcaldesa Eva Sanchis, como el concejal de Hacienda, Voro Soler, quisieron agradecer en nombre de toda la corporación a este vecino por su paciencia, puesto que tuvo que esperar 25 años a que se hiciera efectivo el acuerdo negociado con el consistorio.

Esta propuesta se aprobó con votos favorables de Compromís, PSOE y EU, y la abstención de PP, Ciudadanos y Canviem Entre Tots.

Por otro lado, se trató la propuesta de someter a información pública por plazo de 20 días hábiles el borrador del convenio urbanístico para la modificación puntual nº 10 del PGOU en el ámbito de las parcelas situadas en el número 13 de la avenida de los Almendros y número 12 de la avenida del Barón de Campolivar.

Se trata de una recalificación de unos terrenos propiedad de la cooperativa que gestiona el colegio Los Olivos, que tienen la calificación de residenciales y que pasan a educativos, y otros que son propiedad de la Cooperativa Valenciana de Viviendas de Campolivar, que tienen calificación de dotacional y pasan a ser residenciales. «Estas dos acciones se ejecutan de manera conjunta para poder compensar lo que se pierde por una parte y se gana por la otra. Además, atendemos así a una demanda que también figuraba al departamento de Urbanismo, y gracias al dinero que ingresaremos por este concepto se le podrá pagar al propietario del número 61 de la calle Constitución», afirmó la alcaldesa, Eva Sanchis.

La propuesta salió adelante gracias a los votos favorables de Compromís, PSOE, EU, PP y Ciudadanos y con la abstención de Canviem Entre Tots.

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