La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha anunciado que la Generalitat se personará en el conocido como caso Erial, que investiga al expresidente Eduardo Zaplana y otros empresarios por presuntos delitos de corrupción, "con la finalidad de retornar a las arcas públicas la máxima cantidad posible de dinero supuestamente malversado" y reinvertirlo "en políticas que beneficien el bienestar de las personas".
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consell, Oltra ha insistido en que el Gobierno del Botánico "pretende recuperar hasta el último céntimo en todos los casos de corrupción que investigan los tribunales, ya que tienen que volver a las arcas públicas porque es dinero de los valencianos y las valencianas".
Oltra ha recordado que el ex presidente de la Generalitat y ex ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, está acusado de supuestos delitos de blanqueo de capitales, soborno, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
Ejercitar acciones judiciales
De este modo, el Consell ha procedido a autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a ejercitar las acciones que puedan derivarse de las investigaciones que se están llevando a cabo en las diligencias previas número 3568/15-A, del Juzgado de Instrucción número 8 de València, en el marco de la Operación Erial.El pasado 22 de mayo, un agente de la Unidad Central Operativa de la Policía Judicial se personó en la sede de Presidencia de la Generalitat con un requerimiento de entrega de documentación ordenado por este juzgado, que será enviada a la unidad actuante en cuanto sea recopilada por los diferentes departamentos afectados.
Dada esta situación, y tal y como recoge el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el que se regula la posibilidad que corresponde a los perjudicados por un delito de personarse en la causa que se instruye, el Consell considera conveniente que los representantes penales de la Generalitat sean parte en el proceso y busquen el máximo resarcimiento posible para la administración autonómica.