a Conselleria de Educación puso en marcha un control "específico" de las subvenciones al fomento del valenciano recibidas por empresas a las que las mercantiles en las que participa Francisco Puig --hermano del 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig-- realizaron algún servicio. Este proceso se inició tras la denuncia de una extrabajadora, al margen de la que interpuso el PPCV por presuntas irregularidades.
La vicepresidenta del Gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha explicado que el control comenzó "nada más tener conocimiento de la denuncia" y está "a punto de concluir" en unos días. En función de sus conclusiones, la Generalitat "actuará en consecuencia" y procederá a reintegrar o no las ayudas, ha garantizado en la rueda de prensa tras el pleno del Consell.
Así ha valorado la denuncia interpuesta en Fiscalía por la extrabajadora y expareja del propietario de una empresa para la que realizó algún trabajo una de las mercantiles en las que participa Francis Puig. Esta mujer ha denunciado la existencia de una red de entidades con sede en Castellón dedicada a la obtención de subvenciones "de todas las consellerias posibles" mediante falsedades, según consta en la declaración que ha prestado ante el ministerio público.
Al respecto, Oltra ha hecho hincapié en que el departamento que dirige Vicent Marzà "está actuando" dentro de la responsabilidad del Consell de "velar por el buen funcionamiento de la administración pública" en la concesión de subvenciones. "Se actúa desde el primer momento que llega una denuncia privada", ha recalcado.
Por ello, a raíz del escrito que la testigo presentó ante la Generalitat, la Conselleria inició un plan de control específico sobre "estas ayudas en concreto", ya que el control general es aleatorio hasta que no hay denuncias.
Eso sí, este control se lleva a cabo "al margen de la denuncia del PP" por estar judicializada. Oltra ha indicado que la investigación penal corresponde a los magistrados y que la Generalitat podría realizar otro control específico si el caso fuera archivado por falta de indicios de delito, pero solo "por si hubiera alguna irregularidad administrativa" y no ilícito penal.
"Hasta que no acabe la parte judicializada, la obligación de la administración es trasladar al juzgado todo lo que le pida", ha subrayado la portavoz del Consell, insistiendo en que la Generalitat solo puede actuar en el ámbito administrativo.
Francis Puig, responsable de las empresas Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions, está siendo investigado por un juzgado de València junto al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, tras una querella del PP por un presunto fraude en ayudas al fomento del valenciano.