La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas defiende la gestión que realiza con la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), para la que destina en la actualidad un total de 229.217.711,76 euros , un presupuesto que ha aumentado un 1.000% desde los 20,5 millones consignados en 2015 con la Renta Garantizada de Ciudadanía, aún con las cuentas del PP.
En total, desde 2015 las ayudas para este tipo de prestaciones suman 556,6 millones. Según han apuntado fuentes del departamento dirigido por Mónica Oltra, la configuración del Ingreso Mínimo Vital, tal y como se ha conocido este lunes a raíz de la publicación en el BOE, "impedirá a corto o medio plazo que se puedan complementar ambas prestaciones, lo que conllevará la convivencia de ambas ayudas".
De ahí que sostienen que aunque el Real Decreto Ley publicado en el BOE indica que se podrán establecer los "oportunos convenios" entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, "ya que la nueva norma no prevé mecanismos de comunicación entre ambas instituciones, dificultará el traspaso de datos".
Además de la cuestión económica, la Conselleria de Igualdad considera "imprescindible" vincular estas prestaciones a itinerarios de inclusión sociolaboral como los que se llevan a cabo a través de la RVI, ya que el fin último es que una persona salga de la exclusión, ya sea de tipo económico, social o cultural".
Desde Igualdad se destaca que con la RVI, la evolución de las prestaciones "ha sido tanto económica como de concepto" ya que, por una parte, supuso el incremento del importe de la ayuda, la ampliación y flexibilización de los requisitos para acceder, el aumento de tiempo de cobertura de la prestación y el ahorro en la gestión burocrática y, por otra, "se garantizó un derecho subjetivo a una prestación económica que permite cubrir necesidades básicas, como es el acceso a una vivienda o el pago del agua, la luz o el gas en una sola ayuda".
Las personas destinatarias tienen el acceso directo, en el mismo trámite y sin tener que gestionar nada más, a otros tipos de ayudas, como las becas de educación infantil, ayudas de libros de texto, gastos de matrícula de educación, becas de comedor escolar, sanidad universal y prestación farmacéutica y ortoprotésica.
La Renta Valenciana de Inclusión es de carácter indefinido "siempre y cuando persista la situación que hace necesaria su percepción y la renovación se hará cada tres años" y amplía la edad para poder solicitarla hasta los 16 años, en aquellos supuestos especiales como las de personas jóvenes extuteladas por la Generalitat o con personas a su cargo.
Además, defienden que la evolución presupuestaria de este tipo de ayudas es "significativa", especialmente con el "salto económico en 2019, gracias a que es una medida de crédito ampliable". Es decir, si se agota la previsión anual, "el presupuesto se modifica para darle cobertura" mientras que con el PP cuando se agotaba el presupuesto, dejaban de pagarse las ayudas, aunque estuvieran reconocidas.
Así, mientras que en 2015 la consignación inicial fue de 20,5 millones, la ejecución elevó esta cuantía a los 29 millones gracias a las ampliaciones de crédito realizadas con el Consell del Botànic y lo mismo ha sucedido en los años siguientes. En 2019, por ejemplo, "se realizaron cuatro ampliaciones de crédito y se pasó de los 100 millones iniciales a los 150".
En 2020 la dotación inicial de la línea presupuestaria destinada a la RVI era de 156,8 millones, pero con las sucesivas ampliaciones, actualmente la consignación en las cuentas asciende a 229,2 millones. Desde la Conselleria de Igualdad se prevé la necesidad de que la Generalitat destine aún más dinero a la RVI a lo largo de 2020 para seguir ampliando la cobertura de la prestación.