El consejo de Ministros, aprobó mediante Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, medidas excepcionales y urgentes relacionadas con la crisis sanitaria que complementan y amplían las decisiones adoptadas en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, donde se decretaba el Estado de Alarma.Por esta razón y desde la publicación del nuevo decreto en el BOE, el gobierno de Gandia ha trabajado para adaptar al ámbito municipal las disposiciones acordadas ayer mismo en el Consejo de Ministros, unas disposiciones que han afectado al funcionamiento habitual del Ayuntamiento y a los servicios que se prestan por lo que la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, firmó ayer un nuevo Decreto donde se enumeran los servicios municipales de obligatoria prestación durante el estado de Alarma. El documento tiene como objetivos seguir garantizando que se prestan los servicios en esta situación de estado de alarma, reforzar los servicios mínimos esenciales y prestarlos en condiciones de seguridad.
El decreto enumera los servicios presenciales como son la Policía, servicios sociales esenciales, sanidad, cementerio, desinfección y limpieza viaria, recogida de residuos, mantenimiento de zonas verdes, abastecimiento de agua y alcantarillado, alumbrado publico, transporte público, gabinete de prensa, o aquellas tramitaciones que no puedan realizarse mediante la modalidad no presencial.Por otra, servicios que también son de obligada prestación pero en carácter de teletrabajo los servicios de atención telefónica al ciudadanos y proveedores, prevención de riesgos laborales, servicio de informática además de la secretaría general del pleno, asesoría jurídica, intervención, tesorería, recursos humanos y contratación.
El resto de empleados que se encontraban trabajando de manera presencial seguirán haciéndolo con el teletrabajo como vienen realizando desde hace dos semanas mientras que el resto de empleados a los que les ha sido imposible teletrabajar han dejado de acudir a sus puestos.Con estas acciones el consistorio se adapta al nuevo Real Decreto que endurece la movilidad de la ciudadanía en general al tiempo que se garantiza la prestación de los servicios fundamentales y la atención a los ciudadanos.