La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha presentado este jueves ante la Comisión Mixta que reúne a la Generalitat con el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) un plan de choque diseñado para reducir el atasco en los juzgados valencianos provocado por la pandemia.
El denominado 'Plan Reactiva Justicia Covid 2021' tendría un presupuesto de 2,2 millones de euros y estará en vigor durante el primer semestre del próximo año. Esta iniciativa se trasladará a la Sala de Gobierno del TSJCV para su estudio y que haga las propuestas que estime convenientes y luego será elevada al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia.
Tal y como ha explicado la consellera Bravo en el transcurso de la reunión de la Comisión Mixta Generalitat-TSJCV ?el órgano estatutario de colaboración entre el poder ejecutivo y el judicial?, este es "un plan específico para las jurisdicciones de lo Social y lo Civil para reducir los tiempos de espera" ya que "tenemos que corregir que se estén realizando señalamientos para el 2022".
Con esta iniciativa se pretende "reagendar el calendario judicial para que los tiempos de espera sean razonables" ha dicho la consellera que ha especificado que este plan es "independiente de la acción de los tres juzgados Covid que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de enero en cada capital de provincia".
El Plan Reactiva contaría con 2,2 millones de euros de manera que se potenciarían las jurisdicciones Civil y Social en Valencia y Alicante y la Mercantil en Castellón. Para ello, en Valencia se destinarían 10 jueces de refuerzo, 5 letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y 22 funcionarios. Para Alicante se plantearía el despliegue de 7 jueces, 4 LAJ y 16 funcionarios mientras que para Castellón se prevería el envío de 1 juez, 1 LAJ y tres funcionarios.
Gracias a estos refuerzos, se estima que los juzgados de la provincia de Valencia podrían resolver alrededor de 3.600 asuntos de la jurisdicción social y 2.400 de la civil durante el primer semestre de 2021. En el caso de los partidos judiciales alicantinos, se prevé la resolución de 2.400 asuntos de lo Social y otros 1.800 de lo Civil. Por su parte, para Castellón se plantea que el refuerzo en lo Mercantil resuelva en torno a los 400 asuntos.
"Esta iniciativa ? ha dicho la consellera? sigue el modelo que se puso en marcha tras el incendio de la Ciudad de la Justicia de Valencia para agilizar los procedimientos retrasados a causa del siniestro"
Estos refuerzos se sumarían a las nuevas unidades judiciales especializadas en asuntos relacionados con la COVID-19 de las jurisdicciones de lo Social, lo Civil y lo Mercantil y que entrarán en funcionamiento el próximo 1 de enero en cada capital de provincia. Para su puesta en marcha se ha invertido un total de 800.166 euros y estarán atendidos por una plantilla conjunta de 27 personas. En estos nuevos juzgados se prevé la resolución de unos 20.000 casos a lo largo del año que viene.