La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, ha anunciado este viernes que su departamento presentará la semana próxima un proyecto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que permitirá celebrar juicios por videoconferencia. "Para paliar los daños del colapso judicial que se avecina a causa de la crisis sanitaria", ha dicho la consellera, "hemos de apostar por el uso de las nuevas tecnologías, salvaguardando siempre las garantías procesales".
Por ello, ha asegurado que, en la Comunitat Valenciana, "estamos en condiciones de poder ofrecer a todos los operadores jurídicos la posibilidad de celebrar juicios por videoconferencia", ha dicho la consellera.
Se trata de un proyecto pionero en toda España, ya que el sistema de reuniones virtuales WEBEX (puesto en marcha al inicio de la crisis sanitaria para limitar los desplazamientos) se ha integrado con el sistema de grabación de vistas Arconte, ya operativo en las sedes judiciales valencianas que garantiza que el fichero de vídeo y audio no ha sido manipulado de ninguna manera.
Este sistema permite que todas las partes de un procedimiento puedan conectarse entre ellas, comparecer ante el tribunal y que la celebración del juicio quede grabada con todas las garantías.
Por otra parte, Gabriela Bravo ha instado este viernes al Ministerio de Justicia a que se amplíen los servicios esenciales de los juzgados de forma que se pueda reactivar los tribunales y paliar así el colapso que amenaza al sistema judicial por el incremento exponencial de procedimientos derivados de la crisis sanitaria.
Así lo ha expresado Bravo en la reunión que, por videoconferencia, ha celebrado con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el resto de consejeros y consejeras autonómicos y representantes del Consejo General del Poder Judicial, la Abogacía y el Ministerio Fiscal.
Durante el encuentro, Bravo ha recordado que el personal mínimo que trabaja presencialmente ahora mismo en los juzgados valencianos "es absolutamente insuficiente" y ha propuesto la necesidad de establecer un periodo transitorio en el que se incremente la presencia de funcionarios antes del desescalamiento organizado por el Gobierno.
"Lo único que ha suspendido el decreto de alarma son los plazos, pero se podrían empezar a realizar otro tipo de actuaciones judiciales e incluso tomar la agenda de señalamientos. Todo ello, acompañado de un plan de protección de la salud de trabajadores y usuarios".
En estos momentos acuden a los tribunales 987 de las 4.710 personas que conforman la plantilla de la Administración de Justicia dependiente de la Generalitat. Sin embargo, para Bravo, "este número puede ser aumentado y que las sedes judiciales sean atendidas por un número mayor de funcionarios ya que las distancias mínimas pueden ser atendidas, así como el resto de recomendaciones sanitarias".