El grupo parlamentario Compromís ha registrado en las Corts una Proposición No de Ley con la que insta al Consell a estudiar la puesta en marcha de un programa de becas-salario ligado a la renta y al expediente académico, para apoyar a la preparación de oposiciones a juez/a, fiscal y letrado/da de la Administración de Justicia, además de impulsar la creación de programas formativos públicos para la preparación de oposiciones a juez/a, fiscal y letrado/da de la Administración de Justicia.
Para Ferri, “es de justicia que sean los méritos y la capacidad y no la renta lo que determine quién se convierte en juez, fiscal o letrado, lo que antes se conocía como secretario judicial. Es evidente que la mayoría de juristas valencianos no pueden permitirse los gastos de preparación de las oposiciones o lo que supone estar entre cuatro y cinco años sin trabajar. Por eso es necesario impulsar políticas públicas que garanticen la igualdad en el acceso a la carrera judicial, porque los opositores y opositoras merecen igualdad, y porque los valencianos y valencianas merecemos el mejor personal posible en la Justicia”.
La propuesta plantea medidas como las puestas en marcha en otros territorios del Estado, que pasan por el establecimiento de ayudas a la preparación de oposiciones, como es el caso de Euskadi, o la creación de programas públicos de formación como los que se han llevado a cabo en la Universidade de Santiago de Compostela, en la Universidad de Granada o en el Centro de Estudios Jurídicos del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.
“Desde Compromís entendemos que con medidas de este tipo, el conjunto de la ciudadanía se beneficiaría de contar con personal en la judicatura que haya sido elegido únicamente por sus méritos y capacidades, después de eliminar o –al menos- mitigar la barrera económica que actualmente impide el acceso a miles de valencianos y valencianas a la carrera judicial”.
Se estima que la preparación de las oposiciones tiene una duración media de entre cuatro y cinco años. Así, a la asunción de los gastos directos de su preparación, con la adquisición de materiales, asistencia a academias y/o contratación de preparador/a de la oposición, se suma el coste de dedicar todo este tiempo a la preparación de unas oposiciones renunciando a los ingresos que comportaría dedicarse a tareas remuneradas.
“A largo plazo, esta situación no sólo supone una vulneración práctica de los principios de mérito y capacidad, sino también un evidente sesgo en la composición de la carrera judicial, estableciendo una discriminación flagrante por razones socioeconómicas. Para combatir esta situación consideramos imprescindible la instauración de becas salario para opositores que garanticen la igualdad en el acceso a la carrera judicial”, ha concluido Ferri.