La candidata del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) a la alcaldía de València, María José Català, presentó ayer sus primeras acciones de cara a las Elecciones Municipales. Para ella, la ciudad está "sometida" al Govern de La Nau, por ello aspira a conseguir una "València libre". Asegura que, si ese pacto de gobierno se repite, la ciudad "seguirá sucia, insegura, colapsada, sin posibilidad de crecimiento económico y sometida a una imposición tras otra".
Todas estas propuestas se encuentran también recogidas en la web -redactada en valenciano con numerosas faltas gramaticales- que ha lanzado junto a su primer spot, 'sientevalencialibre.es'. Ahí se fundamentan, en ocasiones con datos, afirmaciones como que "la presión fiscal ha aumentado un 14%", o que se ha instaurado "un modelo educativo excluyente".
Algunos de estos datos ni están detallados ni se corresponden con las cifras oficiales.
Crecimiento económico
Según Catalá, bajo el gobierno "impositivo" de Compromís y PSPV la ciudad continuará "sin posibilidad de crecimiento y desarrollo económico".Según datos de la Oficina Estadística, la actividad económica de València ha aumentado 6,7 puntos desde 2016, 9,8 si se cuenta desde el ejercicio 2015/2016 que compartieron con Rita Barberà. Los datos, que se expresan en tanto por mil -‰-, son un coeficiente entre el número de actividades en el Impuesto de Actividades Económicas por cada 1.000 habitantes.
Presión fiscal
En la web de campaña de Catalá o como ella afirmó en la presentación de campaña, se afirma que "la presión fiscal ha aumentado un 14%". Se trata de un dato que, aseguran, se ha extraído de la liquidación de presupuestos de 2018. También difundió este dato Eusebio Monzó, que criticó a Ribó por subir los impuestos "a las familias".Tras analizar las liquidaciones de presupuestos de 2016 a 2018 no se ha encontrado esta relación del 14%. Se puede observar que el primer año el total ingresado por impuestos directos e indirectos descendió un 10,88%, mientras que el segundo subió un 4,63%. Al comparar entre años la recaudación total mediante impuestos, tasas e ingresos patrimoniales, el primer año descendió un 6,36%, mientras que el segundo subió un 2,09%.
Ribó aseguró durante el balance económico del mandato que subieron los impuestos "a empresas importantes" pero ninguno a "familias". Según datos de la Concejalía de Hacienda, se han subido 4.000 recibos de IBI de los 500.000 contabilizados, es decir, a un 0,8% del total. Aseguran, además, que son los relativos a "edificios bancarios y grandes cadenas".
Inseguridad
En la web de campaña de Català hay una pestaña llamada "Siente Valencia Segura", aunque dentro se habla de la movilidad urbana. Para la política la ciudad, con el gobierno actual, está "sucia, insegura, colapsada y sometida".Según datos del Ministerio de Interior y la Oficina Estadística del Ayuntamiento de València, en 2017 en la capital valenciana se contabilizaron 44.911 infracciones penales; en 2018 fueron 47.064. Esto supone un aumento del 4,79% de la suma de cualquier tipo de infracción, desde homicidios hasta hurtos. Es un pequeño aumento que también se ha dado en el conjunto nacional, que se pasó de 2.045.784 en 2017 a 2.131.42 en 2018, un aumento del 4,19%. En 2016 se contabilizaron 45.102 infracciones, que se traduce en un 0,42% menos de infracciones en 2017.
Los datos del CIS nacionales -no se encuentran por provincias o municipios- muestran que la inseguridad es una de las tres principales preocupaciones para un 3,6% de la población del país.
Modelo educativo "excluyente"
En la misma línea que Isabel Bonig y Toni Cantó, candidatos del PPCV y Ciudadanos a la Generalitat, Catalá asegura en su web que el Gobierno de València ha "contribuido" a un modelo educativo "único y excluyente" que "atenta contra la libertad de los padres a elegir la educación que quieren pasa sus hijos", pese a que Educación es una competencia de la Generalitat, no del Ayuntamiento. Un argumento muy utilizado por la derecha valenciana para alimentar la creencia de una supuesta "imposición" del valenciano que, a asegurado Toni Cantó, ha dejado a familiares suyos "sin opción" a recibir clases en castellano.Según la legislación actual es imposible no recibir ninguna clase en ambos idiomas oficiales. Los padres y madres que quieran que sus hijos reciban una educación pública pueden escoger entre varios centros de la llamada "zona de influencia" en la que viven: por cada 'distrito escolar' hay de 2 a 14 centros a elegir, algo que depende de la población.
Todos los centros deben impartir un mínimo del 25% de las horas en castellano y valenciano, y entre un 15 y 25% de inglés. Es la elección de más horas de una de las dos lenguas oficiales lo que marca la 'lengua vehicular' del centro, pero nunca puede dejarse de impartirse en la otra. La elección de una otra en el centro, entre otras cosas, se realiza mediante consenso del Consejo Escolar, un órgano en el que participan los padres y madres además del profesorado. Es decir, los progenitores sí tiene poder de decisión sobre la educación del centro. De ahí resulta un 'currículum escolar'.
Rubén Trenzanos, Director General de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, asegura que "la lengua no es motivo de elección" igual que los padres no pueden decidir que su hijo no de matemáticas o inglés. Esta elección de lengua vehicular ya se hace de la participación en el Consejo.