La historia se viene repitiendo desde hace más de dos décadas. Cientos de familias extranjeras -en su mayoría jubilados- llegan a España con la intención de disfrutar de un retiro en el Mediterráneo, y adquieren un chalet en alguna urbanización a cinco minutos de la playa. Más tarde descubren que en lo que realmente han invertido es una vivienda ilegal, y empiezan los problemas.
En la comarca de València hay miles de segundas viviendas que tienen su origen en una irregularidad urbanística, tantas que parece que fuera una costumbre de entonces. Los promotores alzaban chalets a diestro y siniestro mientras que los constructores y los dueños confiaban en que, tarde o temprano, la administración pública de turno les daría el visto bueno.
Las consecuencias de estas prácticas son todavía visibles en muchas de estas urbanizaciones: algunas viviendas están abandonadas, otras se han vendido a precio de saldo a nuevos propietarios y hay una falta relevante de dotaciones básicas como el alcantarillado, la pavimentación o el suministro de agua y luz. Es el caso de lo que ocurre en la localidad de Montroi, cuya investigación fue la primera operación contra la corrupción urbanística que desarrolló la Guardia Civil y la Fiscalía en la provincia de València.
Los hechos se remontan a la construcción de viviendas unifamiliares aisladas y en suelo no urbanizable o rústico hace ya quince años en las partidas de Las Palomas, Pla Galán, Los Corrales, L'Hospitalet y Les Valletes. Las viviendas estaban ejecutadas al margen de los procedimientos legalmente establecidos, puesto que algunas de ellas se edificaron sobre viales o caminos agrícolas y todas carecían de permisos y licencias en una urbanización inexistente y carente de toda dotación o servicio público. Una red corrupta en la que participaron políticos, empresarios y notarios las vendieron utilizando como señuelo un lago o un campo de golf y, finalmente, los más de 200 compradores víctimas de la estafa se encontraron con casas ilegales a las que no llegaban el agua ni la luz.
Promesas atractivas
A las víctimas se les ocultó que las obras de estas viviendas estaban autorizadas. En primer lugar, se les vendía la propiedad exclusiva de una parcela, perfectamente identificada y aparentemente independiente y delimitada por cuatro puntos cardinales, cuya concreta ubicación se mostraba según un plano particular de la urbanización ya terminada y completamente parcelada. Para la construcción, se exhibían unos modelos de edificación estandarizados y se presentaban las villas con las dotaciones y servicios públicos esenciales, valiéndose además de diversos reclamos como la construcción de un lago, un campo de golf, un centro comercial, una comisaría de policía y un hotel que ni siquiera constaban en el proyecto inicial.Lo que los convenció definitivamente de la legalidad de la construcción fue el "beneplácito" del entonces alcalde, Francisco Javier Carrión (PP), que incluso participó en la construcción realizando las obras de electrificación de una urbanización.
El exalcalde dio apariencia de legalidad a las construcciones y promovió la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en julio de 2007 que determinaría el carácter autorizable de las edificaciones, aprobación que se produjo sobre la base de un falseamiento de la realidad existente en el momento de la reclasificación.
En realidad, las fincas rústicas carecían de la preceptiva licencia de parcelación o de la declaración de innecesariedad municipal. Como consecuencia, ni todos los perjudicados obtuvieron una vivienda, ni todos los que lo hicieron lograron que la misma se correspondiese con la que aparecía documentada en el contrato privado.
Sin soluciones ni rectificaciones
En total, en la causa de la venta de chalets ilegales de Montroi figuraban 16 procesados, entre los que destacaba el ex alcalde Carrión. El ministerio público le consideraba cooperador necesario de un delito continuado de estafa y contra la ordenación del territorio, autor de un delito de cohecho y de otro de falsedad. Pedían 16 años de cárcel para él.No obstante, la sentencia de la Audiencia Provincial de València lo condenó finalmente a un año y 10 meses de prisión y a indemnizar a los perjudicados por las irregularidades urbanísticas del municipio. Las condenas de los otros implicados llegaron como mucho a los dos años y al pago de multas. Ninguno de ellos irá a prisión tras haber alcanzado un pacto con la fiscalía.
Pero esta falta de respuesta no afecta solo a la Justicia, sino también a la actual administración del municipio. Al percatarse del engaño, muchos de los afectados abandonaron sus viviendas o las pusieron en venta, pero muchos otros no tuvieron otra opción que quedarse, como Luc Schroeders. Él es el presidente de Asociación de Vecinos Canya La Murta que han formado los afectados por esta estafa en la zona de Canya Murta y lleva doce años viviendo en una urbanización en la que los problemas no paran de crecer.
Su mayor preocupación ahora mismo es la electricidad. "En cuanto se destapó el caso, el acuerdo con Iberdrola se anuló y nos quedamos sin luz ni agua en nuestras casas", comenta. Estos servicios básicos les son proporcionados a través de generadores costeados por los mismos vecinos, que gestionan las cuotas mensuales a través de la asociación. Sin embargo, cada vez es más urgente el cambio del cableado o de otras instalaciones, que llevan doce años sin actualizarse.
Luc afirma que algunas familias podrían estar incluso en peligro debido a esto. Nos habla de un matrimonio alemán que tiene instalado uno de los postes eléctricos al lado de su piscina, y cuyo deterioro "podría hacer que cayera en cualquier momento al agua y ocasionar graves daños". "La situación va a peor, y si no cambian las cosas vamos a acabar teniendo accidentes reales", asegura, "y si pasa eso, ¿quién va a tomar la responsabilidad de este problema?". Han trasladado sus quejas varias veces, pero llevan más de tres meses sin respuesta del Ayuntamiento.