“Una sociedad que falla a sus víctimas es una sociedad que falla”. Así de tajante se ha mostrado Laura Oliver, decana del Ilustre Colegio de Procuradores de València (ICPV), ante el balance de casos de violencia de género que se han registrado este año en España, en el que se cuentan ya 42 mujeres asesinadas.
Oliver es miembro del Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta de la Comisión de Igualdad del Consejo General de Procuradores de España (CGPE), por lo que su implicación en la lucha contra lo que denomina “la enfermedad de la sociedad española” es completa. Ella será una de las encargadas de aplicar algunas de las reformas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se presentó en septiembre de 2017, cuya implantación ha estado paralizada hasta la aprobación de los Presupuestos Generales el pasado mes de julio.
Este Pacto incluye una serie de medidas que giran alrededor del ámbito jurídico y administrativo tanto a nivel estatal como autonómico y local, con el objetivo de “vertebrar el trabajo que están llevando a cabo desde los diferentes sectores del sistema”, explica la decana. En el caso de la Comunitat Valenciana, estas se reúnen en el Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i Masclista, impulsado por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas dirigida por Mónica Oltra, y a la que se ha sumado ahora la titular de Justicia Gabriela Bravo.
Formación y jurisdicción especializada en violencia de género
La novedad más destacable del plan de Bravo es la implementación de formación especializada en materia de violencia de género para jueces, fiscales, abogados y procuradores adscritos a la justicia gratuita. “El objetivo último del Pacto es la implantación de la cultura de igualdad”, dice Oliver, por lo que opina que la educación en este caso es “imprescindible”. Por ello, ha informado de que a partir del próximo mes se empezarán a impartir estos cursos en el ICPV y que “se extenderán a los demás Colegios”.La Conselleria de Justicia también ha anunciado que se instará a ampliar el número de juzgados exclusivos en materia de violencia de género para que todos los delitos de esta naturaleza sean instruidos por juzgados exclusivos. Además, se aboga por crear la jurisdicción especializada en violencia de género, “de igual modo que existe en materia de delitos contra la familia o económicos”, señala la procuradora.
Esto se complementará, asimismo, con la ampliación de la Red de la Generalitat de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (OAVD) y la creación de las llamadas Comisarías especializadas en Violencia de Género, ambos organismos enfocados a mejorar la atención de las víctimas y a “ofrecer un servicio de seguimiento que podría salvar más vidas”, explica Oliver.
La víctima, más importante que nunca
La decana insiste en que el trato de la víctima y la información que se le ofrece son aspectos vitales en el correcto funcionamiento de estas medidas. Indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, “que son sus primeros interlocutores”, deben crear un entorno confortable e “informar sobre lo que tienen en su mano”.Además, Oliver sugiere que esta función no solo deben desempeñarla los profesionales de Justicia, como los procuradores, sino también desde otros ámbitos como el sector educativo o los medios de comunicación. Su papel “es bueno”, explica, ya que “ha ayudado mucho a concienciar de lo que está pasando y nos empuja [al CGPJ] a trabajar más”, pero afirma que podrían aprovechar su influencia para “hacer visibles los recursos disponibles para la víctima una vez denuncia”.
De esta forma se evitará la exclusión de los recursos para recuperarse a las mujeres que no están en condiciones de comenzar un proceso judicial, como la asistencia terapéutica o la reinserción en el mercado laboral. “Porque cuando denuncian, ¿qué pasa luego? ¿Vuelven a casa? ¿Qué pasará con sus hijos, si los tienen? ¿Y con su trabajo? No lo saben, y eso es el problema”, señala.