Ayudar a garantizar la libertad y la igualdad de todas las personas. Este podríamos decir que es el objetivo del artículo 510 del Código Penal, que define qué es un delito de odio y cuáles han de ser las penas en función de las circunstancias. Y también es el objetivo de muchas iniciativas institucionales, como la Oficina de No Discriminación y Delitos de Odio, recientemente creada por el Ayuntamiento de Valencia.
En líneas generales, lo que se pretende desde este nuevo organismo es contribuir a poner fin a los delitos de odio, que son considerados uno de los obstáculos más grandes a la hora de hacer efectiva esa igualdad que promueve nuestra legislación. Entre otras cosas, porque no siempre se denuncian ni se identifican como tales.
La difícil interpretación de los delitos de odio
Gerson Vidal Rodríguez, abogado penalista de Valencia, califica de "extenso y de compleja interpretación" el artículo que regula en la actualidad esta tipología de delitos en el Código Penal. Además, añade, "es tal la variedad de conductas que pueden integrar un delito de odio, que se hace muy difícil dar una definición única y completa".
Aun así, Vidal Rodríguez asegura que existen dos denominadores comunes en aquellas acciones que la justicia entiende que son constitutivas de un delito de odio: en todas ellas, "el sujeto pasivo del delito son personas o grupos que históricamente han sufrido persecución o discriminación en la sociedad, configurándose normalmente como minorías, y todas las conductas se encuentran motivadas por un claro afán ofensivo y discriminatorio". Si estas dos condiciones se cumplen, junto al resto de elementos del tipo penal, estaríamos hablando efectivamente de un delito de odio.
La frontera entre los delitos de odio y la libertad de expresión
¿Dónde termina la libertad de expresión de un sujeto y empezamos a hablar de delito de odio? Esta es una pregunta que se hace hoy la sociedad, especialmente cuando tienen lugar casos polémicos o controvertidos. Por lo que respecta al ámbito judicial, según afirma también Gerson Vidal Rodríguez, "resulta imposible situar con carácter previo y de forma abstracta dónde termina la libertad de expresión y dónde comienza un delito de odio, pues se debe acudir siempre al caso o supuesto concreto".
Para entender esto, es necesario antes asimilar que ni tan siquiera los derechos fundamentales tienen el carácter de absolutos. Tal y como nos explica Gerson Vidal Rodríguez, "ningún derecho se expande de tal forma que pueda acabar incidiendo o lesionando derechos de terceros sin ningún tipo de limitación, ya que todos se encuentran acotados por el resto de derechos fundamentales".
En definitiva, de lo que se trata es de conformar "un complejo equilibrio capaz de preservar la pacífica convivencia en una sociedad".
El papel de la Oficina de No Discriminación de Valencia y otras iniciativas similares
Como es lógico, reducir o eliminar por completo la discriminación y la desigualdad de una sociedad va a depender, en buena medida, de su educación. Concretamente, de la educación en la tolerancia y en el respeto hacia los derechos fundamentales.
De hecho, Vidal Rodríguez opina que "el recurso al Código Penal ha de ser siempre la última de las opciones". Antes, se ha de incidir en esa labor educativa y en poner en marcha las acciones o campañas de concienciación que sean necesarias para evitar la comisión de estos delitos.
Aparte, en relación con la eficacia de la nueva oficina, el abogado penalista considera que se trata de "una iniciativa loable, necesaria y muy útil". Teniendo en cuenta que quienes normalmente son víctimas de delitos de odio pertenecen a minorías o colectivos habitualmente discriminados, "resulta imprescindible la existencia de organismos como este para asesorar, apoyar y acompañar a las víctimas en todos los trámites que deban realizar", sentencia el abogado especialista en Derecho Penal.