El Consell ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ) la adjudicación de los inmuebles que fueron pagados con el desvío de fondos públicos en el caso Cooperación.
En concreto, se trata de un garaje y tres inmuebles en Valencia, que se sacaron a pública subasta. El garaje fue adjudicado, pero los inmuebles, no, porque las mejores ofertas que se presentaron quedaron muy por debajo del precio fijado en la tasación judicial.
La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha indicado, en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, que "estos bienes tendrán una finalidad social e irán destinados a colectivos vulnerables, de manera que lo que antes era corrupción y saqueo, ahora se convertirá en políticas sociales y oportunidades para la gente más vulnerable".
En su opinión, "es importante dejar atrás un pasado de saqueos, de falta de escrúpulos, de desvíos y robo de dinero de la gente más pobre, más necesitada de este planeta, de gente que había padecido episodios de hambre y miseria, como los terremotos de Haití".
En este sentido, Oltra ha insistido en que "lo que ha sido un símbolo de la corrupción política del Gobierno anterior, se convierte en un símbolo de las cosas que se pueden hacer cuando el dinero no se desvía a corrupción".
En la sentencia del Caso Cooperación se dispuso que, con independencia de las condenas de carácter penal, se determinaba una responsabilidad civil por importe de 1.623.840 euros.
Para hacer efectiva esta cantidad, el juez embargó cuatro inmuebles propiedad de la Fundación Cyes, que fueron adquiridos por esta entidad con las subvenciones de la Generalitat declaradas fraudulentas y de las que únicamente llegaron a su destino (Nicaragua) 43.000 euros.
El Servicio de Gestión Inmobiliaria de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha calculado el valor actual de mercado de estos tres inmuebles, que alcanzarían un montante estimado de 830.000 euros.