La Consellera de Hacienda y Economía, Ruth Merino, ha manifestado este martes que el Consell “no puede estar más en desacuerdo” con la propuesta de cálculo de asunción de la deuda autonómica que el Gobierno llevará este miércoles al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) porque se trata en realidad de un “acuerdo amañado que no beneficia a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana”.
Merino ha subrayado que en ese CPFF “se tenía que hablar de la reforma del sistema de financiación y del fondo de nivelación” y, sin embargo, “solo se aprueban los criterios de una supuesta condonación que no aporta nada positivo a los ciudadanos de la Comunitat Valenciana, porque ni un solo euro de la misma podría ser destinado a gastar más en sanidad o educación y, por supuesto, tampoco afecta para nada a la reconstrucción tras la riada”.
La consellera se ha pronunciado en estos términos tras presidir la Comisión Mixta Corts-Consell para la reforma de la financiación, para exponer la documentación que el Gobierno de España remitió a la Generalitat “después del anuncio por parte de Esquerra Republicana de Catalunya y de la rueda de prensa de la ministra” sobre el cálculo de la deuda autonómica asumida por el Estado.
Durante la comisión, la consellera ha recabado las impresiones de los representantes de los distintos grupos parlamentarios, que en su mayoría han rechazado la propuesta de acuerdo sobre el cálculo planteado por el Gobierno, con la única excepción del representante del PSPV.
Merino ha lamentado que ese acuerdo “ha partido de una negociación política entre el Gobierno de España con un partido político independentista” y está redactado “al gusto de ERC a cambio de los votos que necesita Pedro Sánchez”.
“Nos lo han puesto encima de la mesa sin poder siquiera valorar, aportar y hacerles llegar nuestras inquietudes o las necesidades de los valencianos a la hora de abordar un tema muy importante como es esa solución necesaria a la deuda acumulada por la Comunitat Valenciana, que en su mayor parte está generada por la infrafinanciación; no por gastar más, sino por gastar como la media pero con muchos menos ingresos de los que se necesitan”, ha explicado Merino.
Una “patraña”
La consellera de Hacienda ha considerado pues que es una “patraña” y un acuerdo “amañado” que saldrá adelante independientemente de lo que ocurra en el CPFF por el sistema de votación que tiene el CPFF, donde el acuerdo sale adelante solo con que una comunidad vote con el Gobierno de España.
“No podemos estar más en desacuerdo ni con la forma ni con el fondo. Repetiremos las veces que haga falta que en CPFF se tenía que hablar de la reforma del sistema de financiación y se tenía que hablar del fondo de nivelación”, ha reiterado.
Además, la consellera ha reflexionado la solución a la deuda de la Comunitat Valenciana ha de producirse “dentro del ámbito y de la reforma del sistema de financiación” y ha lamentado que, pese a ser la Comunitat Valenciana la región más infrafinanciada desde hace muchísimos años, la propuesta del Gobierno “nos excluye de la parte de la supuesta condonación que afecta a las comunidades infrafinanciadas”.
“Insisto y quiero que le quede a todo el mundo claro que ni esos 11.000 millones nos los van a ingresar en ninguna cuenta, ni siquiera los intereses que nos ahorraríamos por esos 11.000 millones menos de deuda, que no desaparece sino que pasamos a deber como españoles en lugar de como valencianos, se pueden utilizar absolutamente para ningún gasto de esta comunidad”, ha concluido Merino.
Por su parte, Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) y miembro de la comisión mixta Corts-Consell, ha explicado que la propuesta que el Gobierno anunció este lunes ofrece en la parte relativa a compensar los efectos de la infrafinanciación -la llamada Fase 3- unos resultados “sorprendentes” para la Comunitat Valenciana.
El experto ha manifestado que, si la asunción de deuda se repartiera de acuerdo con la “deuda justificada” por la infrafinanciación, la cifra correspondiente a la Comunitat Valenciana sería equivalente al 21,4 % de los 83.000 millones que se plantean para el conjunto de las comunidades autónomas. En cifras absolutas, ese 21'4 % serían 17.800 millones de euros.
“Por tanto, la diferencia de aplicar un criterio como el que entendemos que estaría justificado y la suma de fases que propone el Ministerio es sustancial. Si se aplicara el criterio de la Comunitat Valenciana, a todas las comunidades les debería dar el mismo porcentaje de su deuda justificada condonada. Y ahora lo que dan son porcentajes muy diferentes, siendo el más bajo el de la Comunitat Valenciana”, ha concluido Francisco Pérez.