La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha manifestado este miércoles que la infrafinanciación crónica que padece la Comunitat Valenciana desde hace al menos veinte años, unida al coste de la deuda por la subida de los tipos de interés, “deja muy poco margen” a la Generalitat para impulsar políticas productivas, ya que el 93% de los recursos que recibe del Estado se destinan directamente a atender la financiación de los servicios públicos esenciales.
“El retraso en la reforma del sistema de financiación autonómica es una injusticia que se ha convertido en habitual para los ciudadanos de la Comunitat, una injusticia que no entendemos y que vivimos con preocupación porque no vemos reacción por parte del Gobierno de España”, ha lamentado la responsable de Hacienda.
Ruth Merino se ha pronunciado en este sentido durante su intervención en el coloquio Hacia una financiación justa y equitativa que apoye al sistema productivo, junto a Salvador Navarro, presidente de la CEV; Francisco Pérez, director de investigación del Instituto valenciano de investigaciones económicas (Ivie); moderada por Amadeo Fuenmayor, catedrático emérito de la Universitat de Valencia.
La consellera de Hacienda ha destacado que el hecho de que la Comunitat Valenciana haya estado durante los dos últimos años ocho puntos por debajo de la media de CCAA de régimen común en financiación efectiva por habitante ajustado supone una merma de recursos para los ciudadanos de la Comunitat y “un claro incumplimiento fundamental de la Constitucional que es el de la igualdad entre los españoles”.
En su opinión, la infrafinanciación que padece la Comunitat Valenciana hace “muy difícil” poder cumplir con lo que se exige a las CCAA el artículo 135 de la Constitución, que obliga a las todas las Administraciones públicas a adecuar sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
En ese sentido, ha recordado que la deuda de la Comunitat Valenciana supera actualmente los 55.000 millones, “un nivel desorbitado que nos hace sufrir una subida de los intereses en comparación con el 2023 de casi 500 millones de euros más”.
En concreto, el coste de la deuda por la subida de los tipos de interés este año alcanzará los 970 millones de euros para la Generalitat, un 112% más que en 2023. “Con esos más de 900 millones de euros podríamos hacer muchísimas cosas”, ha lamentado Ruth Merino.
Además, la responsable de las finanzas autonómicas ha insistido en que quien debe “liderar” la reforma es la ministra María Jesús Montero y ha lamentado que “mientras persista esa cerrazón con excusas como que los partidos y las CCAA no nos ponemos de acuerdo, no se va a dar el primer paso”.
Frente a ello, ha asegurado que el Consell sí está ejercitando su “parte de responsabilidad” con medidas para que la gestión de los recursos sea lo más eficiente posible y reducir así el déficit y la deuda que no depende de la infrafinanciación.
“Estamos dando pasos para que la Comunitat sea atractiva a las inversiones mientras seguimos reivindicando de forma firme, insistente y sin complejos la reforma del modelo de financiación que permita que los valencianos nos sentimos ciudadanos de segunda”, ha reiterado Merino.
Disfunciones evidentes del sistema actual
Por su parte, el director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, ha destacado que, a pesar de las “evidentes disfunciones” del actual sistema de financiación, cuya reforma está pendiente desde 2014, este proceso no se haya abordado todavía.
En ese sentido, el experto ha detallado esas disfunciones que privan a las CCAA de recibir los recursos suficientes para financiar un volumen de gasto que supera cada año los 250.000 millones de euros.
En concreto, Francisco Pérez ha explicado que existe un problema de insuficiencia global de recursos; un problema de equidad como se demuestra con las actuales diferencias de recursos entre CCAA de hasta 25 puntos de diferencia entre ellas; un problema de autonomía y corresponsabilidad fiscal porque las autonomías no tienen herramientas para resolver por sí solas los problemas de financiación al no tener capacidad normativa sobre los grandes impuestos; un problema de cooperación y lealtad institucional; y, por último y como consecuencia de los anteriores, un problema de endeudamiento general de las CCAA.
En el caso concreto de la Comunitat, el experto del Ivie ha recordado que la financiación que recibe la Generalitat está en promedio 8 puntos por debajo de la media, lo que equivale a más de 1.300 millones de infrafinanciacion cada año.
Por ello, ha reiterado la necesidad, expuesta en el último informe de los expertos valencianos para la reforma de la financiación autonómica, de habilitar por parte del Gobierno de España “un fondo que lleve a la media a las CCAA a las que están por debajo de la media durante el tiempo que tarde la reforma del sistema”.
Paralelamente, tras explicar que el actual sistema ha generado una insuficiencia global de recursos acumulada de 155.000 millones, ha asegurado que la siguiente cuestión a abordar sería el problema de la deuda, “mediante una transferencia, compensación o condonación para que el pasivo de las CCAA pase al pasivo del Estado”.
Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha mostrado su preocupación por el hecho de que no se atisbe una solución a corto plazo a este problema y ha lamentado que la Generalitat no disponga de los recursos necesarios para apoyar al tejido productivo al mismo nivel que otras comunidades mejor financiadas.
“La infrafinanción crónica perjudica tanto a la ciudadanía en general como a los sectores productivos”, ha insistido el presidente de la CEV, quien también ha lamentado el “rompecabezas impositivo” que sufren las empresas. “La optimización de la carga fiscal es mejorable desde el Gobierno central”, ha asegurado Salvador Navarro al respecto, quien ha destacado como positivas medidas adoptadas por el Consell como las bonificaciones en el impuesto de Sucesiones y Donaciones.