Una decena de bancos avanza que optará al nuevo contrato de servicios financieros de la Generalitat que potenciará las entidades que no desahucien y que cumplan la paridad. El interés de la banca por adherirse al convenio con la Generalitat responde a las expectativas de negocio que en estos momentos genera la Comunitat. Según las previsiones del BBVA, uno de los bancos conveniados actualmente, la economía valenciana crecerá por encima de la media española gracias al comportamiento del consumo interno, la buena evolución de las exportaciones y del sector turístico. En concreto, para 2016 se espera acabar el año con un crecimiento del 3,3% y para el año que viene, de un 2,2%, muy por encima de las economías de la eurozona. Este mismo informe destaca que se crearán 105.000 de puestos de trabajo, con la mejora del flujo de capital que eso implica.
La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha asegurado que "el interés de la banca por trabajar con la Generalitat es un buen termómetro que demuestra que estamos haciendo las cosas bien". "Hay comunidades que tienen dificultades para adjudicar la licitación de sus servicios financieros, como los tuvimos nosotros en legislaturas pasadas, pero ahora la Administración valenciana paga a sus proveedores, está saneando su sector público y la gestión aleja el miedo al 'default'. Eso es lo que se traduce de las reuniones previas mantenidas con los responsables de banca institucional. La Generalitat valenciana ya no está en la lista negra, ahora somos una institución que genera confianza", ha asegurado Ferrando.
El contrato mixto para servicios de operaciones de crédito y servicios financieros de la Generalitat y su sector público establece las condiciones de las operaciones financieras de Tesorería de la Administración valenciana y tiene un importe máximo anual de 28,2 millones de euros (IVA exento). De esta cantidad, 12 millones corresponden al coste de servicios financieros y 15 millones al coste estimado de los intereses. El plazo de vigencia del contrato será de dos años y podrá ser prorrogado por dos periodos adicionales de un año.
No habrá ningún límite en cuanto al número de entidades financieras que puedan ser seleccionadas. Asimismo, tampoco se exigirá una puntuación mínima para que las ofertas sean aceptadas. Hasta el momento casi todos los grandes bancos son colaboradores de la Generalitat. A las entidades Caixabank, Sabadell, BBVA, Santander, Bankia, Cajamar, Ibercaja, Caixa Ontinyent, Caja de Ingenieros o el Banco Cooperativo (donde se integra la valenciana Caixa Popular), que ya han mostrado su interés por acudir a la licitación, podrían ahora unirse nuevas entidades y rebajar el importe máximo que ofrece la Generalitat en el convenio que entrará en vigor a finales de febrero del año que viene. Además, se intenta que acudan a la licitación los llamados bancos "éticos", como Triodos, con el que ya ha habido contacto.
"Nuestro interés -según Clara Ferrando- es que acudan a la licitación el mayor número posible de entidades financieras. Eso mejora el servicio al contribuyente y también incentiva la competencia para que la Generalitat obtenga mejoras. Los bancos saben que ahora la Generalitat valenciana es una Administración solvente, confían en la gestión de la nueva administración y eso hace que el interés por la licitación haya sido mayor". "Estamos dando muestras de nuestra solvencia y eso se nota en interés que demuestran los bancos por el convenio; hemos superado el miedo que tenían algunas entidades a trabajar con la administración pública valenciana y así se traduce de las diferentes reuniones que hemos tenido en la Conselleria de Hacienda con diferentes entidades. El clima de colaboración y confianza es muy positivo", ha agregado.
Cláusulas sociales
En caso de empate, los bancos que optan a trabajar con la Administración pública valenciana tendrán preferencia las entidades bancarias que priman criterios de compromiso social, según el pliego de condiciones.
De esta forma, y como novedad este año, se tendrá en cuenta la no aplicación del Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (el IRPH), un indicador casi extinto pero que todavía utilizan algunas entidades con créditos antiguos, que obliga a pagar cuotas muy por encima de las establecidas en las hipotecas que tienen como referencia el Euríbor. La eliminación del índice IRPH es una demanda histórica de distintas organizaciones de usuarios de banca y de la misma Comisión Europea, además es un índice que cuenta con el rechazo de Les Corts Valencianes.
Asimismo, también se primará a aquellas entidades que se comprometan a no desahuciar a las personas y que ofrezcan la dación de pago o de alquiler social a sus deudores hipotecarios.
El cumplimiento de la paridad de género en los órganos directivos; la integración de personas con diversidad funcional en un porcentaje superior al legalmente establecido y la observación de estándares de sostenibilidad ambiental, de prácticas de reciclaje y de eficiencia energética también serán tenidas en cuenta, tal y como se especifica en el pliego de cláusulas administrativas.
Para Clara Ferrando, "la Generalitat, que gestiona el dinero público de los valencianos, no puede hacer negocio con quien no cumple ciertos requisitos. Debemos primar aquellas empresas, también bancos, que hacen un esfuerzo por contribuir a una sociedad más justa y más equitativa".
Además de estas cláusulas sociales, que los bancos deberán acreditar mediante un informe de las entidades financieras que opten al concurso, el nuevo contrato contempla mejoras que faciliten la relación del contribuyente con la administración como la ampliación de los medios de pago de tasas y tributos, además de terminales de punto de venta -tanto físicos como virtuales- y cajeros automáticos, así como aplicaciones online para el pago con tarjeta o transferencia sin coste para el contribuyente.