La Generalitat adjudica más de mil viviendas del parque público en régimen de alquiler durante la legislatura
Un total de 94 immobles s'han assignat a víctimes de violència de gènere i 49 a afectats per execucions hipotecàries
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La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha), ha adjudicado en régimen de alquiler desde el inicio de la legislatura un total de 1.025 viviendas públicas en toda la Comunitat.La Generalitat está realizando un gran esfuerzo por recuperar, conservar y ampliar el parque público de viviendas para ofrecerlas a las familias con necesidades habitacionales. Del total de inmuebles cedidos, 531 corresponden a la provincia de Valencia, 349 a la de Alicante y 145 a la de Castellón.Martínez Dalmau ha asegurado que el derecho a disfrutar de una vivienda digna es "una necesidad vital para el ser humano por cuanto condiciona el disfrute de otros derechos esenciales, como el de acceder a servicios públicos, tener un empleo, etc.". De ahí que, desde el Gobierno valenciano "estemos aplicando políticas de vivienda innovadoras encaminadas a ejercer en plenitud ese derecho", ha resaltado en un comunicado.La Conselleria, a través de EVha, inicia el proceso de adjudicación de la vivienda cuando se encuentra en rehabilitación, para que una vez esté finalizada, la unidad familiar asignada pueda acceder a la mayor celeridad posible.En ese sentido, el vicepresidente ha destacado el trabajo técnico que se realiza antes de adjudicar un inmueble, ya que se hace una inspección que determina los trabajos a ejecutar, ya que cuando una familia accede a una vivienda "debe reunir todas las condiciones de habitabilidad porque va a ser su nuevo hogar, un pilar fundamental en el que empezar a construir su vida".En ese proceso de adjudicación, Martínez Dalmau ha valorado la labor que realizan los servicios sociales municipales, "los primeros en conocer las necesidades de las personas vulnerables y ayudarles dentro de sus posibilidades".En su opinión, la suma de esfuerzos de la Administración local y autonómica es "esencial" para favorecer la inclusión de los más desfavorecidos y dar una respuesta rápida a situaciones de emergencia económica y social.
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