La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, a través de Ivace Energía, ha iniciado una nueva edición de la línea de ayudas para impulsar las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica en comunidades de energías renovables, con un presupuesto de 5 millones de euros.
Se trata de una línea dirigida a cualquier comunidad de energías renovables o comunidad energética, ayuntamientos, así como las comunidades de propietarios y de regantes, a través de la cual se subvencionará hasta en un 45% el coste de los proyectos de las instalaciones de autoconsumo de energía eléctrica a partir de energías renovables o energías residuales, en régimen de comunidades de energías renovables.
La cuantía máxima subvencionable por proyecto será de 200.000 euros y el plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el 8 de junio y finalizará el 25 de julio de 2023.
Tal y como ha explicado la directora del Ivace, Júlia Company, a través de este tipo de comunidades, “la ciudadanía se puede organizar para producir, autoconsumir, gestionar y almacenar su propia energía, generando beneficios no solamente energéticos, sino también medioambientales, económicos y sociales a sus miembros o a las localidades donde se lleve a cabo su actividad”.
Beneficiarios de las ayudas
Ivace Energía subvencionará hasta un 45% del coste de las instalaciones de energía solar fotovoltaica, para la generación y autoconsumo colectivo. No obstante, la intensidad de la ayuda podrá incrementarse en hasta 10 puntos porcentuales para medianas empresas, y en hasta 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas, ayuntamientos, entidades públicas e instituciones sin ánimo de lucro.
Podrán acogerse a estas ayudas cualquier comunidad de energías renovables o comunidad energética, los ayuntamientos, cooperativas eléctricas, cooperativas agrarias y de regantes, así como las comunidades de propietarios.
Se considera comunidad energética renovable, la entidad jurídica que se base en una participación abierta y voluntaria, autónoma y efectivamente controlada por sus miembros, situados en las proximidades de los proyectos propiedad de la agrupación, que sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios, y que desarrolle proyectos de energías renovables, eficiencia energética y/o movilidad sostenible.
La finalidad de la actividad de la agrupación ha de ser proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras.