El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha mostrado este jueves su compromiso con reforzar "la prevención de todo tipo de irregularidades que puedan derivarse del quehacer diario de las entidades del sector público instrumental y, especialmente, en los últimos tiempos, en materia de ciberseguridad, por los riesgos que ello entraña para la eficiente prestación de los servicios y de la gestión de los recursos públicos".
"Los retos a los que nos enfrentamos en el sector público son muchos y por ello, en colaboración con la Agencia Antifraude, también es fundamental que avancemos juntos en el diseño de planes de amplios de prevención de todo tipo de fraudes" ha avanzado el conseller Soler durante la inauguración de la segunda edición de las jornadas 'Prevención del Delito en el Sector Público Instrumental', que organiza la Dirección General de Sector Público y Patrimonio, y donde también ha incidido en que "avanzar en el concepto de integridad pública es la mejor manera de blindar, preservar y prestigiar un Sector Público al servicio de los valencianos y las valencianas".
"Necesitamos contar con entornos seguros desde una vertiente tecnológica, pero también la capacitación de los equipos humanos es un eslabón fundamental respecto a la alerta y la detección como herramientas preventivas", ha apuntado al respecto el responsable de Hacienda antes de insistir en que "el Sector Público se encuentra ante uno de los mayores desafíos de las últimas décadas, el de transformar la sociedad, la administración y el modelo productivo a través de la digitalización y modernización de los procesos, consiguiendo una mayor eficiencia y eficacia del que las administraciones debemos dar ejemplo".
En este sentido, el titular de Hacienda ha resaltado que el Sector Público está llamado a jugar "un papel importante en la recuperación y transformación post-pandemia, como se refleja que 1 de 4 euros de las inversiones de la Generalitat, se lleva a cabo por el Sector Público", y ha detallado que "son más de 434 millones de euros en inversiones reales destinadas al servicio público".
Por este motivo, el conseller de Hacienda confía en que este año cristalice "el anteproyecto de ley reguladora del Sector Público Instrumental, una norma que está llamada a conseguir un Sector Público Instrumental eficaz y eficiente al servicio de todas las personas".
Actualmente, el Sector Público Instrumental de la Generalitat, bajo la supervisión de la Dirección General de Sector Público y Patrimonio, cuenta con 39 entidades en activo con más de 8000 trabajadores y trabajadoras.
Principales novedades de la jornada
En esta edición, -la primera se celebró en 2020-, se ha querido atender a las principales novedades experimentadas en el marco normativo que afecta a las entidades en tres materias principales. Ha contado con una asistencia de más de 300 personas en un formato mixto tanto online como presencial.
En primer lugar, como elemento principal de las jornadas, la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC), ha analizado las novedades en materia de ciberseguridad, con la participación del director general José Manuel García Duarte y la subdirectora de Ciberseguridad, Carmen Serrano.
En este sentido, el director general de las TIC ha analizado la situación actual de la ciberseguridad en la Comunitat, de las amenazas y los riesgos, "con especial atención a los nuevos escenarios de trabajo que se han implantado tras la pandemia, así como las amenazas que suponen el inicio de la crisis entre Rusia y Ucrania". Además, ha ofrecido distintas recomendaciones de ciberseguridad para el sector público instrumental de la Generalitat, como el cambio de contraseñas, el apagado de equipos cuando no se estén utilizando o la implantación del doble factor de autenticación en el acceso remoto.
García Duarte ha recordado que "el sector público instrumental utiliza servicios corporativos de la Generalitat y recibe la asistencia y el apoyo en materia de ciberseguridad de CSIRT-CV para la prevención, detección y respuesta a incidentes. Por tanto, como parte de la red corporativa estas entidades deben implementar las medidas de seguridad preventivas que se están aplicando en el resto de la Generalitat, lo que a la vez les garantiza también mayor protección".
Asimismo, la aprobación del Real Decreto-ley 32/2021 de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo marca un nuevo y complejo escenario en el Sector Público Instrumental.
Por ello, el profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, Adrián Todolí, ha analizado en esta jornada las irregularidades más habituales en materia laboral y ha resaltado el esfuerzo de la Generalitat "para garantizar que el sector público avance hacia prácticas de contratación que aseguren puesto de trabajo indefinido, en base a procedimientos de mérito, igualdad y capacidad de forma semejante a la administración y más profesionalizada e independiente, lo que ayudará a aumentar también la productividad del personal empleado público del sector público".
De hecho, Soler ha recordado que tras la llegada del Botànic "ahora todas las entidades que componen el Sector Público tienen aprobadas las relaciones de puestos de trabajo, hemos establecido programas de formación y concienciación, y contamos con un marco normativo adecuado a la singularidad de sus entes". Y, además, a través de la Comisión de Diálogo Social del Sector Público Instrumental, "un espacio de negociación pionero en el Estado español, hemos logrado concluir cinco acuerdos sobre la reducción de la temporalidad, el teletrabajo o la necesaria formación permanente del personal empleado público, al tiempo que ya se trabajada en un nuevo acuerdo para armonizar el impacto de la Ley 20/2021 en el Sector Público Instrumental.
Igualmente, tras la entrada en vigor de la Directiva Europea de Protección al Denunciante y con especial atención a los mecanismos específicos dispuestos con motivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por primera vez la Generalitat colabora con la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) para analizar con detalle los mecanismos de prevención de irregularidades y los buzones de denuncias.
Así, el director de la Agencia Antifraude, Joan Llinares, ha clausurado las jornadas reivindicando que este tipo de jornadas "permiten debatir y reflexionar sobre la importancia que la ética e integridad pública tienen en el trabajo que se realiza en nuestras administraciones públicas".
"La existencia de buzones de denuncias donde las personas puedan alertar sobre actuaciones constitutivas de fraude y corrupción, y la adopción de mecanismos de prevención para que no lleguen a producirse, son los pilares donde radica ese marco de integridad pública", ha añadido Llinares.