El Gobierno central ha enviado este viernes su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica. Tres días después de que finalizara el plazo anunciado por el propio Ministerio de Hacienda, el área que encabeza María Jesús Montero ha remitido a las comunidades autónomas una propuesta en base al criterio de población ajustada, requisito reclamado por las regiones infrafinanciadas, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el nuevo sistema de financiación.
Así, en este texto, Hacienda propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.
Este documento recibirá, a partir de ahora, las aportaciones y observaciones de todas las regiones durante todo este mes de diciembre y el mes de enero.
Se atiende la demanda de la Comunitat Valenciana
En este contexto, el Ministerio de Hacienda defiende que la propuesta del Gobierno considera que la población ajustada es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, según señalan, "existe un notable consenso". No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto.
En cualquier caso, el Gobierno también ha analizado "empíricamente" la distribución del gasto autonómico para establecer nuevos porcentajes de reparto por funciones. En concreto, se han analizado indicadores básicos de necesidades de gasto de las comunidades en sanidad, educación y servicios sociales, así como el gasto en otros servicios autonómicos.
Además, reivindican que se han tenido en cuenta variables correctivas de carácter geográfico y demográfico como la superficie, la dispersión o la insularidad, y que se han incluido elementos correctores por despoblación, teniendo en cuenta los costes fijos vinculados al gasto.
Se incorporan las necesidades en Sanidad y Educación
En el caso del gasto sanitario, el indicador actual en la población ajustada es la variable población protegida equivalente, que se divide en siete tramos de edad. En la propuesta, los grupos se dividen en tramos de edad quinquenales, de modo que, según Hacienda, se puede precisar mucho más el coste real sanitario existente por franjas etarias.
Asimismo, la propuesta también contempla una actualización de los coeficientes aplicables mejorando los datos y las fuentes de información. Por ejemplo, se tiene en cuenta la distribución del gasto asistencial relativo a los servicios hospitalarios y especializados, servicios primarios de salud, farmacia, consumo en prótesis, traslados y aparatos terapéuticos.
Con todos estos elementos, el gasto sanitario pasaría de tener una ponderación del 38% a una entre el 40 y el 45%.
En esta propuesta, Hacienda también defiende que se incorporan las necesidades en materia de educación para etapas universitarias o de la Formación Profesional. La ponderación de esta variable de gasto en educación también se incrementaría hasta una horquilla que varía entre el 25-30%, siendo la educación no universitaria un 75-80% de la misma y la universitaria el resto.
Los mayores de 80 años, nuevo grupo en servicios sociales
La propuesta remitida a las CCAA incluye un nuevo grupo en materia de servicios sociales, que serían los mayores de 80 años. Asimismo, se incluye una variable que serían los parados sin prestación por desempleo.
La ponderación del gasto en servicios sociales en el modelo actual es de un 8,5% y pasaría a ser entre un 6 o un 10%. Dentro de esa variable, el padrón de las personas mayores de 60 años pesaría entre un 80 o 90% y el de los parados entre un 10 o 20%.
Respecto al gasto en el resto de servicios, Hacienda propone mantener la estructura actual respecto a esta variable, de modo que se medirá teniendo en cuenta la población total empadronada, lo que reduciría su ponderación a un baremo entre el 18 y el 22%.
Variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala
Ocho presidentes autonómicos de la España despoblada se reunieron hace unas semanas en Santiago de Compostela para sumar fuerzas a la hora de pedir que se tuviera en cuenta la dispersión de la población en la reforma del nuevo sistema de financiación.
En este contexto, Hacienda defiende que los factores no poblaciones pasan de una ponderación del 3% en el sistema actual, a una horquilla entre el 3 y el 4%. Así, contemplan la superficie, la despoblación, la dispersión de la población, la insularidad.
Sin embargo, una de las novedades de este sistema tiene que ver con la incorporación a la población ajustada de la variable correctiva ligada a los costes fijos o a las economías de escala.
Soler: “Es una victoria de la sociedad valenciana”
El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha calificado de “victoria colectiva de la sociedad valenciana” que el Gobierno central haya trasladado “por primera vez desde que se creó el sistema de financiación en 2002, una propuesta de criterio de reparto en base a la población ajustada, y especialmente en base a variables demográficas, lo que permitirá acabar con la discriminación actual que sufren los valencianos y valencianas”.
Aunque Soler ha advertido que hay que analizar el extenso documento técnico que el ministerio de Hacienda ha traslado a las CCAA con “prudencia” para poder “analizarlo, estudiarlo con profundidad y hacer nuestras aportaciones” sí que ha puesto en valor la decisión del Gobierno, plasmada en la propuesta enviada, de que “la población ajustada servirá como indicador principal de las necesidades totales de gasto y como factor fundamental de reparto de la financiación”.
“Es un avance importantísimo respecto al modelo actual y, sobre todo, respecto al modelo de Aznar de 2002. Desde la Generalitat hemos trabajado desde el primer día para que las personas, -con los ajustes que sean necesarios y que estamos dispuestos a debatir y consensuar con el resto de autonomías- sean la base del nuevo modelo, porque consideramos que los servicios fundamentales se prestan a las personas”, ha apuntado el conseller de Hacienda.-
Así ha recordado que “hasta el día de hoy, el criterio de reparto actual de la población ajustada está totalmente desvirtuado por el resto de fondos, lo que provoca que existan diferencias difícilmente justificables entre autonomías y que se consolide el statu quo”. “El criterio de reparto planteado hace una aproximación más real, evita que se desvirtúen las necesidades de gasto que tenemos todas las CCA e incrementa el peso de variables como la sanitaria, las educativas o las de servicios sociales”, ha añadido.
Eso sí, el responsable de Hacienda ha insistido en que “aunque el criterio de reparto es una de las claves del sistema, no es la totalidad del modelo” y ha señalado que “pese a que es un avance muy significativo, podremos valorar de forma conjunta el impacto real para la Comunitat cuando conozcamos el diseño final del sistema”.
Analizar los detalles técnicos
En cualquier caso, Soler ha reiterado que el documento trasladado por Hacienda “requiere de un profundo análisis y estudio técnico para poder hacer las aportaciones necesarias al ministerio antes de finales del mes de enero” dada su “complejidad así como las distintas metodologías y aproximaciones técnicas que incorpora”.
Para ello, Soler ha avanzado que contará con los expertos “de elevado perfil técnico y de reconocido prestigio con los que cuenta la Comunitat Valenciana en materia de financiación autonómica” y ha anunciado que en los próximos días convocará oficialmente a la comisión Mixta Consell-Corts “para trasladarles la propuesta, analizarla conjuntamente y plantear propuestas y alternativas desde la unidad política y contando con la Comisión de Expertos”.
“La financiación no puede ser un debate partidista, sino que debemos estar unidos en una reivindicación que es de justicia para los cinco millones de valencianos y valencianas, por ello queremos trabajar el documento técnicamente conociendo la opinión de todas las fuerzas políticas”, ha apuntado Soler.
Llegar a acuerdos
El conseller de Hacienda ha valorado igualmente como “muy positivo” que el documento aportado por el Ministerio “no sea un documento cerrado, sino vivo y abierto al diálogo, al debate y a las aportaciones de las distintas autonomías” y ha asegurado que este hecho refleja “la voluntad del ministerio de llegar a un acuerdo y de que, por fin, casi ocho años después, la reforma del modelo de financiación sea por fin una realidad”.
“Ahora es el momento de analizar la propuesta desde la seriedad y rigurosidad de los análisis técnicos, pero no podemos dejar de reconocer la voluntad política de la ministra María Jesús Montero de lograr una reforma que acabe con la discriminación de los valencianos y valencianas”, ha aseverado Soler.
“Con esta propuesta el ministerio nos ha dado la oportunidad de tener un documento técnico de trabajo sobre el que seguir hablando con todas las autonomías, debatir de forma conjunta la mejor de las propuestas y llegar a un acuerdo que permita que todos los ciudadanos y ciudadanas, con independencia de donde vivan, se vean beneficiados”, ha concluido Soler.