La consellera de Agricultura, Mireia Mollà, muestra su "más absoluto rechazo" al acuerdo que regula los derechos de pesca para 2022 alcanzado la pasada madrugada por la Comisión Europea y los veintisiete Estados miembros, un acuerdo que implica una reducción del 6% de los días de pesca para la flota mediterránea.
En un comunicado, Mollà acusa al Ejecutivo comunitario de mostrar "una falta de sensibilidad tan alarmante como intolerable hacia la realidad del sector pesquero que faena en las costas mediterráneas y cuyo comportamiento y compromiso para salvaguardar los recursos marinos es ejemplar".
Además, recuerda que a este nuevo recorte aprobado por Bruselas para el próximo año se suman los que ya se decretaron para los ejercicios correspondientes a 2020 y 2021 y que en su conjunto suponen una reducción de los días trabajados del 17,5%.
Por tanto, a su juicio no es de recibo pretender que la flota mediterránea siga reduciendo su actividad, "máxime cuando no existen razones objetivas que avalen tales disposiciones". Defiende así que es necesario garantizar la sostenibilidad económica del sector, porque "si la Comisión no ofrece las condiciones adecuadas, tampoco habrá sostenibilidad de ninguna otra clase".
También el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, se muestra muy crítico ante "este nuevo e inmerecido castigo de Bruselas a los pescadores del Mediterráneo, unos profesionales que han sido pioneros en la aplicación de medidas para salvaguardar los recursos pesqueros y cuya flota, no lo olvidemos, es la que más tiempo ha estado aplicando las paradas biológicas y la que ha abarcado una mayor superficie marina protegida".
"El Ministerio de Agricultura ha estado trabajando para impedir que prosperasen en Bruselas estas medidas que afectan al Mediterráneo y, de hecho, ya ha expresado su oposición a las mismas, pero lamentablemente el resto de países con intereses pesqueros en estas misma zona no se han sumado a la posición española".
El sector pesquero valenciano está compuesto por 549 embarcaciones, proporciona empleo directo a más de 3.000 pescadores y su valor anual de facturación ronda los 90 millones de euros.