La Generalitat Valenciana se ha mostrado dispuesta a defender los intereses de los regantes con los mecanismos jurídicos que estén al alcance del Gobierno valenciano. Un hecho que se escenificaba ayer al presentar ante el Tribunal Supremo el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 35/2023, de 24 de enero, que revisa el Plan Hidrológico del Tajo y reduce los caudales del trasvase al Segura.
El president Ximo Puig ha remarcado el carácter “irrenunciable” del trasvase y ha pedido además establecer un marco de diálogo que garantice “agua para siempre”, que ofrezca “certidumbre” a un sector fundamental como es la agricultura y que esté alejado de “aspavientos y guerras del agua que solo producen barro y fractura”.
El Gobierno valenciano solicita que los caudales ecológicos se establezcan, a partir de 2026, en función del estado ambiental que presenten las masas de agua, de tal manera que si ese estado ambiental es favorable no sea necesario incrementarlos.
Recurso presentado ante el Tribunal Supremo
Concretamente, el recurso se dirige hacia aquellos “aspectos lesivos a los intereses de la Comunitat Valenciana” que figuran en el real decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura y, en particular, contra la nueva disposición adicional novena, que afecta al futuro incremento escalonado de los caudales ecológicos que aparecen en el Plan Hidrológico del Tajo.
Por ello, se pide al Supremo que suspenda cautelarmente la aplicación del escalonamiento previsto en la aplicación de los caudales ecológicos fijados por el apéndice V del real decreto en los tramos del eje del Tajo desde el embalse de Bolarque hasta Valdecañas para los ejercicios 2026 y 2027, por considerar que responden a decisión arbitraria que no se fundamenta en criterios técnicos.
Castilla-La Mancha exigirá “el 100%” de lo que han establecido los tribunales
Ante este escenario, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha amenazado a la Generalitat y ha avanzado que la Junta se verá obligada "a exigir el 100% de lo que han establecido los tribunales".
García-Page ha señalado que, tras 15 años de conflicto por el agua y reivindicación, se han conseguido "cuatro sentencias históricas para defender que nuestra agua también sea nuestra". Por ello, para el presidente de la Junta, “si en el levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático exigiremos el 100% de lo que han establecido los tribunales... Lo que no vamos a tolerar es que, después de haber sido generosos, encima intenten parar los pasos que acabamos de conseguir”.
El líder castellano-manchego ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario tras el anuncio de que la Generalitat Valenciana recurrirá los caudales ecológicos que limitan el transvase Tajo-Segura.
“Defensa irrenunciable y diálogo”
Ximo Puig ha manifestado que, tal y como se puso de manifiesto en la reunión que mantuvo este martes con representantes de las comunidades de regantes, el Consell tiene acordada una “estrategia clara” con los regantes que pasa por esta “defensa irrenunciable” del trasvase en el ámbito jurídico, pero también por mantener “un espacio de diálogo a través de la comisión de seguimiento”, de manera que se apliquen las medidas positivas en inversiones que figuran en dicho real decreto, dado que realiza “una aportación importantísima de mejora sustancial para el Tajo y también para la cuenca del Segura”.
“La defensa del agua para siempre es un elemento clave de nuestra economía”, ha remarcado el president, que ha recordado el “gran esfuerzo” que se viene realizando en la Comunitat Valenciana desde hace años en modernización de riegos y en depuración y reutilización de recursos hídricos.