El Consell asume las conclusiones de la comisión de expertos Generalitat-Corts que defienden que el borrador presentado en diciembre por el Ministerio de Hacienda no es suficiente para solucionar la infrafinanciación valenciana.
Así, la Generalitat elevará, antes del 31 de enero, diversas alegaciones al “esqueleto” presentado por el Ministerio de Hacienda, entre las que destacan la petición de que el nuevo modelo se base en el criterio de población ajustada sin disfunciones y aborde tanto la deuda histórica acumulada en los últimos años como la cogobernanza fiscal entre administraciones.
El president Ximo Puig pedía ayer, tras recibir en el Palau, de manos del Comité de Personas Expertas en financiación, el documento con las enmiendas a la propuesta del Ministerio de Hacienda y mantener después una reunión con la Plataforma 'Per un finançament just', "unidad de negociación" de los partidos políticos para lograr "el gran acuerdo de una España justa".
"Los valencianos queremos equidad, no privilegios; queremos transparencia, no discrecionalidad; queremos suficiencia dinámica, no rigidez; queremos compensación de la deuda, no olvido; queremos, en una palabra, justicia", indicaba Puig, al tiempo que consideraba que esta "una reivindicación de toda la sociedad valenciana y de todas las fuerzas políticas”.
"Por eso pido, en nombre de la sociedad valenciana, todos los esfuerzos posibles para conseguir el gran acuerdo de una España justa", señalaba el president, exigiendo, además, hasta su materialización, "la aplicación urgente de un Fondo de Nivelación Transitoria que sea efectivo este mismo año".
El borrador “no garantiza solucionar la infrafinanciación”
En el informe, los expertos advierten que el borrador de Hacienda y su planteamiento de la población ajustada "no garantiza la solución de los problemas de infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, pues con algunos de los indicadores que se contemplan con escaso fundamento podría mantenerse una financiación por habitante alejada de la media y de las comunidades mejor financiadas".
Apuestan, así, por eliminar los fondos del sistema de financiación que provocan "el mayor alejamiento de la media de la Comunitat Valenciana" y que todos los recursos se distribuyan en base a la población ajustada. También insisten en pedir un fondo de nivelación transitorio en 2022 hasta que llegue la "inaplazable" reforma, un mecanismo transparente para compensar la deuda histórica a las comunidades autónomas infrafinanciadas y que el Gobierno garantice la suficiencia financiera para mantener el Estado del Bienestar.
Unidad casi absoluta entre Botànic, oposición y agentes sociales
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, destacaba que las alegaciones son fruto de la unidad y el "rigor" para alejar "cualquier mirada partidista". Una unidad que ve más importante que el contenido del documento, donde ha garantizado que se han realizado revisiones "con total libertad". Soler ha recordado que quedan "muchos meses para estudiarlo", de cara a la futura negociación de la reforma.
Desde el PSPV-PSOE, José Muñoz valoraba las conclusiones como un buen punto de partida y garantizaba que velarán porque prime el criterio de población ajustada, mientras mostraba su preocupación por declaraciones como las de Pablo Casado al defender un modelo "totalmente diferente". Por su parte, la coportavoz de Compromís, Àgueda Micó, defendía que "toca continuar con la presión" a los diputados estatales para que apoyen una reforma basada en la propuesta valenciana. La síndica de UP, Pilar Lima, exigía que el nuevo modelo vaya acompañado de una reforma fiscal y compense una deuda histórica ya "impagable" después de tantos años.
Fuera del Botànic, el presidente del PPCV, Carlos Mazón, garantizaba que la propuesta cuenta "con todo el apoyo" de su partido, a falta de estudiarla a fondo, para lo que ha instado al Gobierno a seguir adelante porque "la pelota vuelve a estar en el tejado de Pedro Sánchez". Sobre la postura de Casado, quien defendió en un mitin en Castilla y León un modelo que cubra las necesidades de comunidades autónomas despobladas, Mazón explicaba que "nadie en el PP duda que la situación de la Comunitat Valenciana es un caso excepcional".
Des de Ciudadanos, su síndica, Ruth Merino, avisaba que "ya no valen más excusas ni retrasos ni patadas adelante" y pedía "valentía" al Gobierno y que no tarde en convocar a las comunidades autónomas.
Entre los agentes sociales, el secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, mostraba su apoyo "sin fisuras" a las alegaciones, mientras que la secretaria de CCOO PV, Ana García pedía "altura de miras" tanto al Gobierno como al resto de autonomías defendiendo que se inicie una reforma fiscal a medio o largo plazo. En el caso de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro resaltaba ayer la unidad de los partidos y la sociedad civil e insistía en que la reforma incluya tanto el fondo de nivelación como la compensación de la deuda valenciana vinculada a la infrafinanciación que "ya está cerca del 50%".
Como nota discordante, desde Vox, formación que no está integrada en la Plataforma 'Per un finançament just', se auguraba que las conclusiones no servirán para solucionar la infrafinanciación y advertía que la reforma supondrá una subida de impuestos.