Si bien el problema de acceso al alquiler y la vivienda ya suponía un gran problema en València, tras el paso de la DANA esta situación se ha agravado aún más. Y es que cabe recordar que el pasado 19 de octubre, miles de ciudadanos se manifestaron en la capital ante esta situación. Una marcha que acabó con la acampada en la Plaza del Ayuntamiento durante una semana, siendo desconvocada el 27 de octubre, solo dos días antes de la fatídica fecha donde la DANA asoló la provincia.
Según datos aportados por el Consorcio de Compensación de Seguros, de las 130.000 viviendas que están instaladas en las zonas inundadas, 48.003 cuentan con algún tipo de daño material. No obstante, cabe recalcar que esta cifra solo atiende a las casas que estaban aseguradas, así que la estimación real del número de hogares afectados por la riada asciende a 75.000. Además, se han visto afectados 15.000 garajes y 3.800 trasteros.
Salvador Lara, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunitat Valenciana (COACV) ha dividido los desperfectos causados por la DANA en los edificios en dos tipos diferenciados. Por un lado, destaca el choque y empuje del agua sobre las estructuras. Este se ha dado con mayor incidencia en zonas montañosas como Utiel, Requena y Chiva. Por otro, habla del peligro de la acumulación de agua en zonas llanas. Cuando esta se seca, las construcciones se agrietan, y la respuesta del lugar puede ser muy diferente dependiendo del material con el que esté elaborado. Se puede llegar, incluso, a tener riesgo de derrumbamiento, como ocurrió en el colegio de Massanassa donde el desprendimiento de una parte del techo se cobró la vida de un operario.
Así, Lara reitera la importancia de que aquellas personas que teman que su vivienda se encuentre dañada, debe acudir al Ayuntamiento municipal o, directamente, llamar al 112. Tras esto, el Instituto Valenciano de la Edificación, entidad pública encargada de valorar y coordinar las inspecciones, hará una evaluación de los daños y realizará los procedimientos pertinentes para comenzar con su reparación.
Las consecuencias del desastre: valencianos sin casa propia
Tal y como ha informado la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, 2.227 vecinos de la provincia de València todavía no han podido volver a sus hogares. Asimismo, 491 viviendas han sido desalojadas por problemas estructurales y 1.656 casas han sido declaradas no habitables por sus condiciones perjudiciales para la salud. Por otro lado, se ha dado luz verde a la demolición de 130 edificios y el número de expedientes abiertos pendientes de viviendas pendientes de inspección ha alcanzado los 5.172 en 39 municipios.
Ni la Generalitat ni los Ayuntamientos cuentan de momento con planes de construcción de vivienda. “Hay gente viviendo en Catarroja que sigue dependiendo de la ayuda vecinal hasta para poner una lavadora, porque no se ha atendido reparación de luz mínima en las viviendas. Hay cientos de garajes que no se han vaciado todavía y desconocemos la situación de las estructuras de esos edificios… Queda mucho por hacer. Todavía estamos en una fase de emergencia”, resume el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Catarroja, Martí Raga.
Por todo esto, muchos valencianos han recurrido a sus familias, con las que están viviendo de forma temporal. Aquellos que no tienen la suerte de contar con un entorno que les pueda acoger han tenido que acudir a los alojamientos dispuestos por los consorcios municipales, la Generalitat Valenciana y el Gobierno central. Además de los polideportivos y otros lugares similares habilitados, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha cedido 365 viviendas públicas. No obstante, esta cifra se queda muy pequeña, sobre todo teniendo en cuenta que, actualmente, hay 2.147 casas en las que es imposible vivir.
Ayuda institucional
Aunque no existe un plan concreto de instalación de nuevas viviendas, la administración a cargo de Pedro Sánchez ha puesto a disposición de la población valenciana afectada por la DANA una serie de ayudas destinadas a compensar los daños ocurridos en sus hogares. En cuanto a los alquileres, se ha establecido una subvención de 800 euros para aquellas familias que se hayan visto perjudicadas por el temporal. En adición, el Ejecutivo ha decretado que aquellos ciudadanos damnificados que cuenten con una hipoteca activa podrán posponer el pago íntegro de créditos durante 3 meses y pagar los intereses a lo largo de 9 meses adicionales.
Por otro lado, el Gobierno nacional anunció un paquete de bonificaciones específicas para la recuperación de los hogares y objetos perjudicados. Así, por destrucción total de la vivienda, se podrá obtener hasta 60.480 euros. Por daños que afecten a la estructura del edificio la cantidad es de 41.280 euros. En cambio, por desperfectos que no incidan directamente sobre esta, entonces solo llegará a los 20.640. Los daños causados en elementos comunes de una comunidad de vecinos se indemnizarán con hasta 36.896 euros. Por último, la pérdida de enseres (en los que se incluyen muebles, electrodomésticos y todo aquello que haga habitable un lugar) se compensará con 10.320 euros.
Además de todo lo anterior, el pasado jueves, el Consejo de ministros aprobó un Real Decreto-ley mediante el cual se modifica la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Esto se ha realizado con el objetivo de impedir que las empresas que no regulan sus precios de forma natural incrementen los costes de los servicios a raíz de la situación de emergencia.