La reforma fiscal valenciana ya es una realidad. El pleno extraordinario del Consell reunido esta mañana ha dado luz verde a la reforma fiscal de 2022, una medida que pretende beneficiar al 97% de la ciudadanía ante el actual contexto económico (2,34 millones de valencianos y valencianas de los 2,41 millones de contribuyentes). Además, durante la sesión de hoy también se ha aprobado la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat Valenciana (ley de acompañamiento).
La reforma fiscal tendrá efectos retroactivos a 1 de enero de 2022, reducirá los impuestos a 1,3 millones de contribuyentes con rentas medias y bajas y reportará un ahorro global de 149 millones de euros a las familias. Las rentas de menos de 30.000 euros se llevan la mayor parte de la inversión, con 101 millones aunque, en datos globales, beneficiará a las rentas de hasta 60.000 euros.
La nueva reforma fiscal beneficiará directamente a 1,3 millones de valencianos y valencianas, con un ahorro medio estimado de 111 euros por declaración de la renta, al tiempo que permitirá que 39.200 declarantes más, hasta un total de 962.000, estén exentos de tributación.
El Consell ha aprobado para este ejercicio fiscal una nueva escala de tributación del IRPF que modifica tanto los tramos de tributación como los tipos impositivos. Así, reduce el tipo inferior del 10% al 9% y mantiene el tipo más elevado en el 29,5% actual. Además, introduce un tramo impositivo adicional para aumentar la progresividad de la escala y su efecto redistribuidor de la riqueza, por lo que la nueva escala contará con un total de 11 tramos distintos de tributación frente a los 10 actuales.
De esta forma, el tramo autonómico del IRPF que gestiona la Generalitat va a permitir que la cuota líquida que tendrán que abonar en el año 2022 las rentas de hasta 60.000 euros se vea reducida sólo por la nueva tarifa en más de 48 millones de euros.
El ahorro que supondrá para la ciudadanía la reforma fiscal ascenderá a 149 millones de euros, cifra a la que se sumarán los ajustes necesarios para ampliar las deducciones existentes e incluir nuevas deducciones, hasta un máximo de 180 millones de euros.
Aumento de los mínimos exentos de tributación
Además de la nueva tarifa autonómica, el Consell ha aprobado elevar un 10% los importes de los mínimos exentos de tributación personal y familiar, que son los recursos que cualquier persona necesita para subsistir y que quedan fuera del gravamen.
Esta cuantía exenta se eleva al máximo permitido por ley, siendo la Comunitat Valenciana una de las autonomías con un mínimo exento de tributación más elevado. Esto supondrá que frente a los 5.500 euros actuales, la Generalitat eleva la cuantía hasta los 6.105 euros a los que hay que sumar los mínimos exentos adicionales que cada contribuyente suma por cada hijo, ascendiente o dependiente a su cargo y cuyos importes también se han elevado un 10%.
Esta medida permitirá que la ciudadanía valenciana tenga mayores recursos disponibles para hacer frente al encarecimiento de los precios y supondrá un ahorro para las familias solo con esta medida de 102 millones de euros.
Deducciones autonómicas
Asimismo, el Consell ha reforzado las deducciones autonómicas con el objetivo de adecuarlas al actual nivel de precios y permitir que un mayor número de contribuyentes se beneficien de ellas. Para ello, ha aumentado en líneas generales un 10% el importe de todas las deducciones existentes, así como un 17,3% los límites de renta para acceder a ellas.
De esta forma, ahora un mayor número de contribuyentes podrán pasar a beneficiarse de las más de treintena deducciones de la Generalitat, ya que en la tributación individual los límites de renta se elevan de los 25.000 euros a los 30.000 euros; mientras que en las declaraciones conjuntas los límites de renta pasan de los 40.000 actuales a los 47.000 euros para poder ser beneficiario de las deducciones.
Además, se refuerzan especialmente las deducciones vinculadas a facilitar el acceso a la vivienda y para atender la emergencia habitacional, afectada por el fuerte incremento del precio de la vivienda. De esta forma, en el caso de las deducciones por alquiler de vivienda habitual se elevan de 700 a 800 euros con carácter general y de 850 a 950 euros en el caso de menores de 35 años, discapacidad o víctimas de violencia de género. Cuantía que se elevará hasta un límite de 1.100 euros en el caso de que se reúnan dos de estas condiciones.
Igualmente, se aumentan los límites en el caso de mejora u obras de sostenibilidad y accesibilidad en las viviendas hasta los 5.500 euros; así como por las inversiones en instalaciones de autoconsumo y energías renovables, que se aumentan hasta un máximo de 8.800 euros frente a los 8.000 euros actuales.
Además, para esta última deducción el decreto ley contempla una simplificación de los requisitos exigidos, con el objetivo de promover el autoconsumo e incentivar la instalación de energías renovables tanto en las primeras como segundas residencias.
La nueva reforma fiscal incluye también dos nuevas deducciones fiscales como son el acceso a la reproducción asistida para mujeres de entre 40 y 45 años que no estén recibiendo tratamiento de la sanidad pública hasta un máximo de 100 euros, así como la ayuda para hacer frente al incremento de los tipos de interés en el último año en hipotecas suscritas a partir del 1 de enero de 2014, hasta un máximo anual de 100.
Ley de Medidas 2023
En la misma sesión plenaria el Consell ha dado también luz verde a la Ley de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, conocida como ley de acompañamiento.
Esta norma refuerza la acción del Consell en materia de política social, concentra competencias para ganar efectividad, impulsa la movilización de viviendas vacías, mejora los servicios de transporte público en los municipios con menos servicios y aumenta la protección sobre dos actividades con larga tradición en la Comunitat Valenciana, la de las sociedades musicales y la de la pirotécnica, que pasan a ser consideradas recursos turísticos de primer orden.
Además, tras someterse la ley al proceso de información pública el pasado 6 de octubre, se han incluido diversas aportaciones realizadas por organizaciones y particulares. Destacan, entre otros, algunos cambios introducidos en la Ley 13/1997 que regula el tramo autonómico de IRPF y restantes tributos cedidos.
Así, en esta ley se asimilan a cónyuges los miembros de parejas de hecho cuya unión cumpla los requisitos establecidos en la ley y se encuentren inscritos en el Registro de Uniones de Hecho formalizadas tanto de la Comunitat Valenciana como en registros análogos de fuera de ella -tanto de España como de terceros países-, dado que hasta el momento no estaban contemplados como válidos.
La norma también recoge, a petición del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI), la adecuación terminológica de la Ley 13/1997, de forma que pase usarse exclusivamente la palabra ‘discapacitado’ y sus variantes para referirse a las personas que sufren una discapacidad, en lugar de la expresión ‘minusválido’.
Igualmente, queda recogido en la normativa el cambio del actual impuesto propio sobre depósito de residuos en vertederos, incineración y cogeneración en un impuesto cedido y su cambio de tributación, tras ser aprobado por la Ley 7/2022 de residuos del Gobierno estatal.
La Ley de Acompañamiento también contempla la creación de una Agencia de Digitalización y Ciberseguridad, dependiente de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que contribuirá a concentrar competencias en el ámbito tecnológico y aumentar la efectividad.
Asimismo, la norma promueve, entre otros, que los propietarios de viviendas deshabitadas las pongan en alquiler para facilitar el acceso a los inmuebles; establece la gratuidad del Carnet Jove para jóvenes de entre 14 y 30 años con el objetivo de contribuir a aliviar la inflación en los más jóvenes, con un ahorro de más de un millón de euros; regula el transporte a demanda en la Comunitat Valenciana, y posibilita a los municipios sin servicio de taxi hacer uso de este transporte público de otros municipios colindantes.
Finalmente, en materia social, la ley recoge la prohibición de que las empresas o entidades de servicios sociales que hayan sido multadas con una sanción firme puedan acceder a contratos públicos y establece que los futuros centros residenciales tendrán un máximo de 100 plazas para asegurar la calidad y el bienestar de las personas residentes.