La Comunitat Valenciana afronta unos meses clave para acometer el esperado debate para establecer un sistema de financiación autonómico justo entre los diferentes territorios del Estado. Así, 2022 se presenta como el año en el que se tratará de abordar un modelo que perjudica a la Comunitat Valenciana, unas negociaciones que “no serán fáciles ni felices, porque al final todo el mundo tiene que ceder”, avanzaba hace unas semanas el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.
Uno de los pasos más importantes, al respecto, ya está dado. Y es que el Gobierno central enviaba el pasado 3 de diciembre a las distintas autonomías su propuesta para reformar el modelo de financiación autonómica, una propuesta en base al criterio de población ajustada, requisito reclamado por las regiones infrafinanciadas, con el objetivo de iniciar el debate entre todas las autonomías sobre el nuevo sistema de financiación.
Así, durante el presente mes de diciembre y hasta finales del próximo enero este documento recibe las aportaciones y observaciones de todas las regiones, con el objetivo de llegar al mayor consenso posible durante el año que comienza este sábado.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la Comisión Mixta de la Generalitat ha encargado al Comité de Expertos que analicen antes de finales de enero el documento "en profundidad" y elaboren las propuestas que consideren necesarias "desde la rigurosidad, la independencia y el consenso" para mejorar el documento del Ministerio. "Vamos a cargarnos de razones", afirmaba Ximo Puig, destacando que ahora se inicia un debate pendiente desde 2014 cuando caducó el actual sistema de financiación.
Cálculo de población ajustada
En el “esqueleto” presentado por el Ministerio de Hacienda se propone un cálculo de población ajustada, una de las variables del modelo de financiación que determina el reparto de los recursos en función de circunstancias demográficas, sociales o territoriales, tal y como estaban pidiendo la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia.
Para el Gobierno central es la variable más representativa de las necesidades de gasto, algo sobre lo que, según señalan, "existe un notable consenso". No obstante, sostienen que es necesario mejorar la fórmula de cálculo y reparto por tipología de gasto. Un nuevo modelo que, para Puig, “beneficiará clarísimamente a la Comunitat Valenciana”.
Según el president la propuesta del Gobierno es "rigurosa" y tiene en cuenta varios escenarios, por lo que ha garantizado que lo estudiarán a fondo los expertos del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), que "hace tiempo" presentaron su propuesta de reforma basada en la singularidad de las CCAA y la igualdad entre ciudadanos.
Reparto más equitativo y justo
Por su parte, la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que encabeza Vicent Soler, trabaja en que "desaparezcan la diversidad de fondos actuales y la población ajustada se convierta en el único criterio de reparto para evitar que el statu quo y no razones objetivas como es el número de personas a las que se destinan los servicios fundamentales sigan provocando una clara discriminación de la Comunitat Valenciana".
"No podemos olvidar que el sistema de financiación tiene como objetivo financiar los servicios fundamentales que se destinan a las personas, por lo tanto, con los ajustes que sean necesarios y que ahora deberemos analizar con detenimiento, las personas deben ser el criterio que marque el reparto del nuevo modelo", insiste Soler tras agradecer al Gobierno el haber iniciado los trámites para poner fin a un modelo "que perjudica y discrimina a los valencianos y valencianas sin ningún tipo de justificación".
El objetivo del nuevo modelo que se debatirá en 2022 deberá impedir que ninguna autonomía se vea perjudicada, garantizando la suficiencia financiera del conjunto de territorios con mayores recursos. Además, deberá ser sencillo, transparente, claro y objetivo, permitiendo un reparto más equitativo y justo que garantice que todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, puedan disfrutar de unos servicios públicos de calidad en igualdad de condiciones. "Sólo un modelo que respete y atienda la singularidad de todos los territorios, garantizando la igualdad entre ciudadanos respetará el mandato Constitucional", recuerda Soler.