La investigación del Juzgado de Instrucción número 8 de València sobre el caso Erial, en el que está imputado el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana, avanzó a raíz de la intervención en un despacho de abogados, en el marco de la 'operación Taula', de unos documentos llamados "hoja de ruta" que estaban en poder de Marcos Benavent, el exgerente de Imelsa, la que fuera empresa pública de la Diputación provincial y autodenominado 'yonki del dinero', y que habrían sido localizados en un piso que fue propiedad del propio Zaplana.
En un informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil de fecha 7 de abril de 2017 al juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, se reflejan los indicios que relacionarían a Zaplana con el contenido de los documentos y que fueron intervenidos en una entrada y registro de la otra operación. Los escritos los guardaba Benavent --al que la Guardia Civil no encuentra "ningún vínculo" con las personas y hechos investigados-- junto con otros que fue "acopiando" a lo largo de su actividad profesional.
Para analizar estos documentos, la Guardia Civil tomó en cuenta la declaración como testigo de Benavent, quien afirmó que se los había dado un miembro destacado de la Mezquita de València y "muy conocido" en la comunidad árabe; la entrevista mantenida con esta última persona, de nombre Imad; la base electrónica del catastro; la del notariado y bases de datos policiales propias, entre otras.
En la declaración como testigo de Benavent en 2017, este manifestó que esos documentos "hoja de ruta" se los había entregado en 2012 una persona de origen sirio y afirmó que nunca los había manipulado, hecho copias o mostrado a nadie. Ese hombre muy conocido de la comunidad árabe se entrevistó en la misma fecha con los agentes y, aunque en un primero momento se mostró "escéptico" sobre los documentos, reconoció al final que efectivamente se los había entregado al 'yonki del dinero'.
Esta persona afirmó haber encontrado esos papeles en una vivienda en la que estuvo residiendo en alquiler durante seis o siete años, que pertenecía a un notario y que estaba situada en la plaza Legión Española de València. Imad dijo que esos documentos --a los que se refería como "basura", que habían quedado abandonados en la vivienda que alquiló y que estaban dentro de un sobre-- "no" eran del notario y dejó entrever que pertenecían a una persona "distinta".
A raíz de esta entrevista, los investigadores rastrearon el padrón municipal, que permitió comprobar que este ciudadano sirio residía en esa vivienda de la Plaza Legión Española; y el catastro, que reflejó tres titulares de la propiedad: entre 1998 y 2006 Zaplana y su mujer; y en años posteriores dos notarios.
El 'expresident' de la Generalitat y su esposa vendieron en 2006 la vivienda a un notario y en el informe la UCO destaca que Imad explicó que encontró los documentos sobre 2007, fecha que coincide con la época "inmediatamente posterior a la transmisión" del piso. Por ello, la Guardia Civil cree que existen indicios que relacionarían a Zaplana con ellos, tanto por el lugar donde fueron hallados como por su propio contenido.
"RESUMEN DE LOS TRÁMITES EFECTUADOS"
De hecho, señala que en uno de ellos --"resumen de los trámites efectuados" de esa "hoja de ruta"--, se describen los pasos dados por Sedesa --empresa de la familia Cotino-- durante 2001-2002 en relación con las concesiones públicas de los parque eólicos y de la ITV, siendo que fue bajo la presidencia de la Generalitat por Zaplana cuando se llevó a cabo la licitación y adjudicación de los lotes, en concreto, en 1997.Además, bajo su mandato se realizó la convocatoria pública para el desarrollo y ejecución del mismo, en julio de 2001. En este documento se identificaba a la mercantil luxemburguesa Imison International, que se "designa depositaria de las participaciones de la sociedad española Inversiones Imison, que a su vez controlaría las entidades directamente relacionadas con las concesiones públicas aludidas".
Esa sociedad, señala la UCO, "se pudo utilizar con el objeto de materializar el cobro de comisiones ilícitas por importe total de 6,4 millones de euros, pagos que se habrían materializado en parte gracias a las plusvalías generadas por la venta en el año 2004 de la sociedad que tenía el derecho de explotación del servicio de la ITV".
Asimismo, en relación con las cantidades recibidas por Imison Internacional, "se ha podido averiguar que en uno de los casos, inmediatamente tras recibir un primer pago por importe de 4,4 millones de euros, se ordena el retorno de 2,9 millones a través de varias ampliaciones de capital suscribe como socio de la mercantil Medlevante", sociedad constituida por Joaquín Barceló, ex director general de Turismo con Zaplana, que aparece como representante de la empresa luxemburguesa en España y considerado uno de sus presuntos testaferros.
Además, entre esos documentos hallados en la vivienda, figura una hoja de la sociedad Poinds Net, relacionada con la asistencia sanitaria y explotación de geriátricos, con anotaciones manuscritas y el nombre de su administrador únicos sobre el que la UCO recaba informaciones periodísticas en las que se denuncia un presunto trato de favor hacia él y a quien se considera amigo del expresidente.