La Diputació de València lleva al máximo su sistema de control interno

Intervenció tanca 2020 amb controls de legalitat en totes les àrees i empreses, nous àmbits de control financer permanent i el primer pla d'acció de Presidència en la història de la corporació

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toni gaspar
toni gaspar

La Diputació de València cierra 2020 con uno de los sistemas de control interno más completos de la administración estatal. La corporación provincial, que acabó 2015 sin plan anual de control financiero, informe de control interno ni control permanente de Intervención sobre facturas, contratos, pagos y subvenciones, ha pasado en apenas cinco años a disponer de todas estas herramientas, a controlar la legalidad financiera y operativa de todos sus organismos y a poner en marcha el primer plan de acción impulsado por un presidente de la institución en sus más de 200 años de historia, con el fin de subsanar las cuestiones a mejorar indicadas por los habilitados nacionales.

En opinión del presidente de la Diputación, Toni Gaspar, "la transparencia no sirve de mucho si se queda en una declaración de intenciones y buenas palabras, pero puede mejorar mucho las instituciones si clarificamos trámites y gestiones, dejamos trabajar a los que saben y después tenemos la capacidad de escuchar sus consejos e incorporarlos en cada uno de los procesos administrativos que afrontamos cada día".

Precisamente esto último es lo que ha hecho el presidente Gaspar, impulsando el primer plan de acción del área de Presidencia en la historia de la institución, en respuesta a las conclusiones de los informes de control financiero e interno que realizan los interventores. Un paso más en la modernización de una Diputación que quiere ser propia del siglo XXI y que cuenta con los habilitados nacionales como principales aliados para velar por la legalidad de los procesos y la agilidad y la eficiencia en la gestión.

Conclusiones y plan de acción

En el informe resumen de control financiero del ejercicio 2020, el interventor señala que "puede observarse el cambio producido desde 2015" en el sistema de control interno de la corporación. En cuanto a Personal, el informe pone de manifiesto que el funcionamiento debe cambiarse, pero al mismo tiempo admite que "ese cambio ya ha comenzado con el Plan Estratégico de Recursos Humanos", anunciado por el presidente Gaspar a mediados de febrero y que ha concluido ya su primera fase con la recopilación de las aportaciones de una veintena de áreas y todos los sindicatos con representación en la corporación provincial.

En lo referente a Subvenciones, el interventor recomienda igualmente "un plan estratégico de carácter global para garantizar la coherencia y coordinación de las distintas políticas públicas", y valora muy positivamente que sobre esta materia "se han sentado las bases en 2020", en alusión al Plan Estratégico de Subvenciones reactivado por Gaspar y que empieza a dar resultados con medidas como la de informar a Presidencia del objetivo de cada subvención y aprobarlas todas antes del 31 de mayo para facilitar la tramitación a los beneficiarios.

Presidencia lleva meses trabajando con Intervención para unificar los criterios en materia de subvenciones, en la línea de gestión marcada por Toni Gaspar, que tiene claro que "cada auditoría o informe es una oportunidad para mejorar la institución y buscar la máxima eficiencia en los procesos administrativos". En opinión del presidente Gaspar, "es preferible mejorar desde el análisis, cambiando cosas que pueden ser legales pero podrían hacerse de otra forma más eficaz, que el ruido improductivo".

Reconoce el interventor en su informe sobre subvenciones que "no se han detectado graves deficiencias y en los casos en que se ha informado desfavorablemente se han subsanado", al tiempo que se valora la centralización de estas ayudas a ayuntamientos y entes sociales en el Gestor de Expedientes. Solo han quedado fuera las incluidas en el Plan de Inversiones que, como recoge el informe, "se incorporarán en 2022 al estar contemplado en el Plan de acción del presidente".

El nuevo Plan Estratégico de Recursos Humanos, basado en el consenso y la participación, y la creación de un departamento único de subvenciones para unificar criterios en todas las áreas son los primeros resultados de un plan de acción de Presidencia pionero en la institución y que pretende dar respuesta a las recomendaciones de los habilitados nacionales para modernizar la gestión de la Diputación y acercarse lo más posible a la excelencia.

El informe de control interno analiza detalladamente cada departamento y ente asociado a la Diputación, incluidos aquellos que pueden resultar claves en la organización horizontal de la corporación, caso de Contratación. En este sentido, "se ha puesto ya un primer pilar a través de una circular emitida por el departamento para que desde los centros gestores se presente la planificación anual de su contratación", lo que en opinión del interventor "mejora la gestión de los recursos públicos".

Cambio drástico

El refuerzo del control interno comienza a ponerse de manifiesto a partir de 2016, si bien el cambio drástico impulsado por el actual equipo de gobierno, con Gaspar al frente, se evidencia más claramente comparando los últimos dos ejercicios con los primeros años de la década. En 2011, la Diputación no contaba con un control de legalidad financiera en ninguna de sus áreas y delegaciones. En 2020 existe un plan anual de control financiero que se creó en 2016; un informe resumen de control interno puesto en marcha en 2019; un plan de acción del presidente pionero estrenado este mismo año; y un control permanente sobre facturas, subvenciones, contratos, pagos, personal y puestos de alta dirección.

En cuanto a las empresas y organismos propios de la institución, Divalterra, Egevasa, Girsa y el Consorcio Provincial de Bomberos cuentan con un control de legalidad financiera que se encarga del cumplimiento de la normativa vigente en todos los expedientes, y los tres primeros disponen igualmente de un sistema de control de legalidad operativa que analiza el resultado de la puesta en marcha de estos expedientes y las posibles consecuencias de su ejecución.

Desde el departamento de Intervención de la Diputación valoran muy positivamente el cambio en la gestión y las facilidades concedidas a los habilitados nacionales para fiscalizar cada procedimiento abierto y participar en la mejora de los mismos.

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