Las políticas de inclusión social y la reducción de ayudas arbitrarias: ejes del Presupuesto 2019 de la Diputació

El Pressupost ascendeix a 486,3 milions d'euros i les ajudes directes als municipis suposen 126,7 milions que poden gestionar segons les seues necessitats

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La Diputació de València ha presentado esta mañana su Presupuesto para 2019, que asciende a 486,3 millones de euros. Esta cantidad, que supone un incremento del 2,7% y 13 millones de euros respecto al ejercicio anterior, ha sido valorada como una muestra del compromiso con los municipios donde las políticas de inclusión y bienestar social, la reducción de la deuda y la gran disminución de las ayudas arbitrarias se han convertido en ejes principales.

Así lo han destacado el Presidente de la Diputació, Toni Gaspar, la Vicepresidenta Maria Josep Amigó y la Vicepresidenta 4ª y delegada de Inclusión Social, Teatros y Memoria Histórica, Rosa Pérez Garijo, un equipo que, en palabras de Gaspar, ha elaborado "los presupuestos más justos de la historia de la institución fruto del consenso y el diálogo".

Pérez Garijo ha asegurado que desde la entrada en el gobierno el objetivo era conseguir que las políticas para las personas fueran las más importantes y que esto se reflejase en los presupuestos. Por eso, ha valorado los 13,7 millones de euros en políticas de inclusión social, 1,5 millones más que en 2018 y 10,5 más que en 2015, el inicio de la legislatura. El área de memoria histórica también ha aumentado su partida con 200.000 euros más "claves para hacer memoria, justicia y reparación".

La Diputació transferirá 126,7 millones a los municipios, de los cuales destacan los 36 del Pla SOM, 22,44 del Fondo de Cooperación Municipal y 13,5 en programas de servicios sociales

Amigó, por su parte, ha destacado la drástica reducción de las ayudas arbitrarias. Mientras que en 2014, con el anterior equipo de gobierno del Partido Popular, estas suponían 34,4 millones frente a los 23,6 de las regladas con criterios objetivos, en 2019 las arbitrarias tienen una partida de 800.000 euros. En concreto, Gaspar ha explicado que se destinarán a acontecimientos concretos como el cumpleaños del Valencia Club de Futbol, pero no para ayuntamientos.

La vicepresidenta también ha destacado la colaboración con otras instituciones. En el caso de los centros de servicios sociales, junto con la Generalitat Valenciana, el año que viene se construirán 10 espacios con las primeras 500 plazas públicas en 20 años dentro de los 13,5 millones de euros de la partida presupuestaria.

Este punto entraría dentro de los 126,7 millones de euros destinados a los ayuntamientos (frente a los 117,2 de 2018) , donde también entran el Pla de Servicios y Obras Municipales (SOMOS) y el Fondo de Cooperación Municipal, con 22, 44 millones de euros. El presidente ha incidido en que el equipo siempre ha confiado plenamente en la autonomía de los ayuntamientos para gestionar los recursos en función de sus necesidades, por eso, la Diputación ha planteado la cuestión como prioritaria.

"Los presupuestos son el resultado de un trabajo a cuatro bandas donde ha quedado claro que el diálogo y el consenso van por delante de las diferencias. Tengo claro que el futuro está en gobernar en equipo", ha declarado el presidente. Por su parte, además de agradecer el trabajo de sus compañeros, ha añadido la importancia de "gobernar para solucionar los problemas de las personas" y garantizar la igualdad entre los pueblos grandes y pequeños. Además, ha aprovechado para resaltar que la Diputació trabaja para agilizar todos los trámites: "Muchos ayuntamientos piensan que la lentitud es una cuestión nuestra y depende de la burocracia".

El pasado martes ya se avanzó este presupuesto por la diputada de Hacienda Rebeca Torró, quién aseguró que “todo esto se ha conseguido sin renunciar a la contención de la deuda”. En concreto, explicó que se reducirá un 45% respecto al de 2015, que era de 218 millones. En 2019 bajará hasta los 130, tres menos que en el anterior ejercicio que suponen una deuda del 30,44%, “muy lejos del 110% permitido por la legislación vigente”. En cinco años, este se ha reducido en 136 millones de euros.

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