Conseguir unos Servicios Sociales que realmente se adapten a las necesidades de las personas y se perciban como un derecho esencial al nivel de la educación o la sanidad ha sido uno de los objetivos prioritarios de estos últimos años de gestión de la Diputació de València. Una meta que gracias a la reciente aprobación de la Ley de Servicios Sociales Inclusivos está cada día más cerca de convertirse en una realidad para los miles de usuarios de estos servicios.
En base a este objetivo de mejora de la calidad en los servicios sociales, la corporación provincial, junto con la Conselleria de Polítiques Inclusives de la Generalitat Valenciana, la Universitat de València, el ayuntamiento de Alzira y la mancomunidad de la Ribera Alta ha impulsado el informe ‘Línia de base dels serveis socials dels ajuntaments i mancomunitats de la Ribera Alta’. Una investigación académica coordinada por la investigadora del Instituto interuniversitario de Desarrollo Local, Lucía Martínez, que ha analizado las actuaciones, programas y prestaciones que ofrecen los Servicios Sociales de esta comarca para poder desarrollar nuevas directrices técnicas y políticas.
La diputada de Servicios Sociales, Rosa Pérez Garijo, ha hecho hincapié en que la única manera de poner en práctica el nuevo modelo es “mediante investigaciones que nos informen de dónde hay que incidir y cómo es la mejor manera de hacerlo”, ha asegurado Garijo. Por su parte, el delegado del Consell para el Modelo Social Valenciano, Xavier Uceda, ha manifestado su “plena satisfacción” con la colaboración entre instituciones y la mejor manera para alcanzar el objetivo común de unos servicios sociales al nivel de derechos fundamentales.
Hacia un modelo más eficaz y humano
La investigación presentada en el Casino de Algemesí, comienza a analizar datos a partir del año 2017 e indica ciertas carencias del sistema de Servicios Sociales que pretenden corregirse con la puesta en marcha de esta nueva ley, tras décadas de una gestión sin datos objetivos sobre los cuales aplicar unas políticas concretas. El documento arroja ciertos aspectos en los que el nuevo modelo de Servicios Sociales de la Diputació prevé subsanar bajo la nueva legislación.La coordinadora de la investigación ha afirmado que se deben llevar a cabo acciones como potenciar servicios como el Servicio de Asistencia Domiciliaria; no actuar en base a la inercia por las convocatoria de ayudas existentes; y se necesitan mejores infraestructuras de atención social, así como una mayor planificación estratégica político-técnica, entre otros aspectos.
En el informe también se ha detectado una situación mejorable en el área de recursos humanos en cuanto a la estabilidad laboral del personal, en su mayoría mujeres, que cuentan con la formación adecuada, pero tan sólo un pequeño porcentaje corresponde a plazas fijas.
Gracias a esta investigación, junto con la nueva normativa aprobada recientemente en materia de Servicios Sociales, este derecho fundamental podrá alcanzar unas mejores cotas de calidad ya que se podrá legislar en base a criterios objetivos.