La Diputació aprueba por consenso declarar la emergencia climática e instar a agilizar las ayudas de la DANA

El primer ple de la present legislatura ha destacat per l'acord entre l'equip de govern i l'oposició en aquests assumptes i uns altres com exigir un finançament just i defensar el camp valencià

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El primer pleno de la legislatura en la Diputació de València ha evidenciado la voluntad de diálogo y entendimiento entre los seis grupos que tienen representación parlamentaria en la corporación provincial. Durante algo más de dos horas, el equipo de gobierno y la oposición han repasado la actualidad que afecta a la institución y han aprobado por consenso la declaración de emergencia climática, así como instar a la Generalitat y el Gobierno central a aplicar la máxima celeridad en la estimación de daños y concesión de las ayudas a los afectados por la DANA.

En cuanto a los efectos de las fuertes lluvias de este mes de septiembre en la provincia, los responsables políticos de la Diputació han convertido las mociones de Ciudadanos y el PP en una declaración institucional conjunta, firmada también por el PSOE, Compromís, Vox y La Vall ens Uneix, en la que se expresa las condolencias a las víctimas de la DANA y la solidaridad con los damnificados, al tiempo que se urge a agilizar la declaración de zona catastrófica a las administraciones competentes. La Diputació, según indicó el presidente, Toni Gaspar, “esperará a que estas instituciones articulen sus ayudas para complementarlas y llegar donde no lleguen”.

En política medioambiental, la corporación reforzará proyectos como el Pacto de Alcaldías, que actualmente cuenta con 225 municipios adheridos a un plan que busca reducir las emisiones de CO2 en más de un 40% antes de 2030; seguirá apostando por las ayudas a los ayuntamientos para adquirir coches eléctricos y también por los talleres escolares de concienciación sobre esta emergencia climática.

El campo y la financiación

También ha recibido un respaldo unánime la propuesta de Compromís sobre la defensa del campo valenciano y, en especial, de los cítricos, en la línea de instar a los órganos competentes a no adoptar ningún acuerdo con otros países que no contemplen la salvaguardia de la producción agrícola en la provincia. En este punto, el diputado popular José Joaquín Segarra ha lamentado que su propuesta sobre los cítricos no haya salido adelante, al considerar la vicepresidenta, Mª Josep Amigó, que estaba contemplada en el texto aprobado.

Otros de los asuntos en los que el acuerdo ha sido generalizado es el de la exigencia de una financiación justa para la Comunitat y la provincia. En palabras del portavoz de Compromís, Xavi Rius, “los estudios técnicos siguen confirmando que los valencianos recibimos menos de lo que nos corresponde y es momento de hacer un esfuerzo colectivo para reconocer este déficit”. En la misma línea se ha expresado el diputado de Hacienda, el socialista Vicent Mascarell, quien espera que “el consenso vaya más allá del período electoral”.

En el apartado de declaraciones institucionales, el pleno también ha registrado una en defensa de las fiestas por su valor cultural y social, y en especial orientada al sector de la arcabucería y los Moros y Cristianos. Sobre la base de una moción presentada por La Vall y a la que se suman el resto de grupos, la Diputació insta al Ministerio de Industria a reordenar el reglamento de explosivos y agilizar los trámites en la concesión de permisos para fiestas, garantizando todas las medidas de seguridad.

Simplificar la gestión

El presidente de la Diputació, Toni Gaspar, ha tomado la palabra para explicar los motivos por los que se demoran algunas de las ejecuciones presupuestarias en la corporación provincial. En respuesta al diputado del PP Carlos Gil, el presidente ha recordado que “la mayor parte de las ejecuciones incluidas en los planes de inversión provinciales dependen de los ayuntamientos”, a lo que hay que sumar “algunas de las obras en carreteras cuya ejecución excede el año en que han sido presupuestadas”.

Con todo, Gaspar ha avanzado que trabaja, en colaboración con el área de Cooperación, la vicepresidenta Amigó y todo el equipo de gobierno, en un proceso de simplificación de las líneas de subvención que pretende ayudar a los ayuntamientos a agilizar los trámites y evitar el colapso en los municipios, “sea cual sea su color político”.

Antes de esta intervención, en la apertura de la primera sesión del nuevo curso, el presidente de la Diputació ha dejado claro que la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad y responsabilidad de la corporación, que no permitirá “ni el silencio ni el olvido”. De este modo, Toni Gaspar ha nombrado una a una a las 13 mujeres asesinadas en el país desde el pasado mes de julio, y ha avanzado que así lo seguirá haciendo al inicio de cada pleno mientras no se acabe con esta lacra social.

Otros asuntos

En la sesión se ha aprobado, con los votos a favor del equipo de gobierno, en contra del PP y Ciudadanos y la abstención de Vox y La Vall, la modificación en la Relación de Puestos de Trabajo de la Diputació, con la reconversión de algunas de estas plazas “para adaptarlas a las necesidades y exigencias actuales”, según ha explicado la responsable de Personal, Pilar Molina, que ha apuntado que esta RPT “cuenta con el informe favorable de Intervención”.

En el capítulo de ruegos y preguntas, Ciudadanos se ha interesado por las contrataciones en el Hospital General, por las que preguntarán los nuevos consejeros de la Diputació en el Consorcio del hospital “en cuanto estén nombrados”. Mientras, el PP se ha preocupado, entre otros asuntos, por las inversiones en infraestructuras deportivas, pendientes de estudio, el impacto en la provincia de la quiebra de Thomas Cook, que actualmente analiza la Generalitat según el diputado de Turismo, Jordi Mayor, y el futuro de la Variante de Pedralba, cuya suspensión cautelar terminó en marzo de este año.

En respuesta a esta última pregunta, por parte del diputado José Joaquín Segarra, el diputado de Carreteras, Rafa García, ha informado del envío de sendos escritos, a la Generalitat Valenciana, para corroborar la urgente ocupación de los terrenos que se incluyen en el proyecto validado por los técnicos provinciales y poder así acometer las obras.

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