Hoy, 17 de mayo, la sociedad recuerda que hay que avanzar mucho más en una lucha común. Es el Día Internacional Contra la LGTBIfobia, el “odio, rechazo, prejuicio o discriminación hacia personas lesbianas, gais, bisexuales, trans o con variaciones intersexuales o a cualquier otra persona por motivo de su orientación sexual, identidad y expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar”. Así lo define uno de los grandes hitos en la lucha por el respeto que ha marcado el último año: la Ley Valenciana para la Igualdad de las Personas LGTBI.
Considerada la más avanzada de España, ha sido una de las leyes con mayor consenso. Se aprobó en Les Corts a finales de noviembre de 2018 con el voto a favor de todos los partidos excepto del banco ‘popular’ y tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), entró en vigor el pasado 11 de enero.
Con ella, y en palabras de Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en funciones, se establecen “los principios y medidas necesarias para garantizar la igualdad real y efectiva de este colectivo, pero también para prevenir, corregir y erradicar cualquier discriminación motivada por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de género, desarrollo sexual o grupo familiar”.
Entre sus líneas principales, destaca especialmente la prohibición de terapias de aversión, conversión o contracondicionamiento, la creación de viviendas para acogimiento temporal de personas LGTBI en riesgo de exclusión o la creación del Consejo Valenciano LGTBI, un órgano de participación ciudadana y consultivo del Consell. Asimismo, la normativa atiende a las víctimas por LGTBIfobia, incluye políticas de fomento y no discriminación en el empleo, temario y contenido relacionado en los centros educativos y establece la creación del Espai de la Memòria LGTBI de la Comunitat Valenciana para abordar su historia.
En este sentido, la ley contempla sanciones leves, con apercibimiento o multa de hasta 6.000 euros; graves, que van desde los 6.001 hasta los 60.000 euros con posibles prohibiciones adicionales; y muy graves, que oscilan entre los 60.001 euros y los 120.000, más las prohibiciones.
Su valor reside en que la Generalitat Valenciana jugará un papel clave para que se respeten todos los derechos de estas personas. Se encargará de regular todo el articulado, pero también de dar visibilidad y proteger, especialmente a los jóvenes y a los mayores del colectivo. Precisamente estos últimos protagonizan la campaña de este año de la administración pública, “Rompe el estereotipo”, que lucha por la invisibilidad de las personas mayores.
Además, la han configurado diversos colectivos ciudadanos, entre ellos Lambda, que el 22 de noviembre celebró una fiesta para dar la bienvenida a esta regulación “necesaria y deseada” que pareció tambalearse cuando Pedro Sánchez convocó una comisión bilateral con la Generalitat por uno de sus artículos. Hoy, justo después de que se hayan constituido Les Corts con nuevos grupos políticos, mantendrá sus reivindicaciones en una concentración a las 19 horas en la plaza los Pinazo para conseguir uno de sus objetivos clave: “Hacer que la ciudadanía sea consciente de la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia que hoy en día todavía se sufre”.